viernes, 23 de diciembre de 2016

El Tribunal Constitucional pasa de laboratorios y de pacientes

(AZprensa) Al Tribunal Constitucional le traen sin cuidado las reclamaciones de los laboratorios farmacéuticos y la equidad en la atención sanitaria a los pacientes, como ha quedado demostrado al dar el visto bueno a esa práctica pura y dura de “ahorro”, sin reparar en nada más, que son las subastas de medicamentos. A la patronal de la industria farmacéutica, Farmaindustria, sólo le queda el recurso del pataleo y recordarnos una vez más a los ciudadanos qué significa en realidad eso de las “subastas de medicamentos”.

Los Gobiernos Autonómicos piden precio para que les suministren los principios activos que más se utilizan en la Sanidad pública. Lo único que prima es el ahorro y por lo tanto acuden como moscas a esa subasta un montón de laboratorios farmacéuticos –la mayor parte de ellos desconocidos y radicados en el extranjero- ofreciendo su producto al más bajo precio, sabiendo que el precio (pero no la calidad, ni la garantía de servicio, ni...) es lo único que cuenta.

Farmaindustria recuerda, por ejemplo, el “riesgo de seleccionar un solo proveedor. Como muestra la experiencia de cuatro años de subastas en Andalucía, en muchas ocasiones los adjudicatarios no cumplen con sus obligaciones de suministro. Esto deviene en un desabastecimiento de medicamentos que se salva recurriendo a la cobertura con fármacos de otros laboratorios que operan en ámbito nacional”.

Pero además, “las subastas generan inequidades en el acceso a la prestación farmacéutica en el Sistema Nacional de Salud puesto que, cuando se prescribe por principio activo, los pacientes andaluces no tienen la posibilidad de elegir (como sí ocurre en otras Autonomías) entre todos los medicamentos que se encuentran a precio más bajo” e incluso “dificultan el acceso a su medicación habitual a muchos pacientes que se desplacen a Andalucía”.

Para colmo, la experiencia de las subastas de medicamentos “muestra a medio plazo una reducción del número de competidores y una progresiva deslocalización de plantas de producción. Es por lo tanto una medida incoherente con los mensajes y compromisos políticos que se refieren a la importancia de reforzar en España las políticas industriales”.

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