(AZprensa)
En la España de 2025, la corrupción política se ha convertido en una sombra
persistente que amenaza la confianza ciudadana en las instituciones
democráticas. El actual Gobierno, liderado por Pedro Sánchez, se encuentra en una
posición precaria: gobernando en minoría, dependiendo de pactos con partidos
minoritarios y nacionalistas, y enfrentado a una serie de escándalos que han
sacudido la opinión pública. A pesar de ello, la dimisión, una práctica
habitual en otras democracias avanzadas, parece ser un concepto ajeno en el
panorama político español.
Un
Gobierno en minoría bajo presión
Desde
que asumió el poder en 2018 tras una moción de censura contra Mariano Rajoy,
Pedro Sánchez ha demostrado ser un político resiliente, capaz de navegar en un
escenario político fragmentado. Su Gobierno, una coalición entre el PSOE y
Sumar, depende de apoyos externos de partidos como ERC, Junts, PNV y EH Bildu
para mantenerse en pie. Esta fragilidad parlamentaria, lejos de debilitar al
Ejecutivo, parece haberlo fortalecido en su determinación de aferrarse al
poder, incluso frente a acusaciones de corrupción que afectan a figuras clave
de su entorno.
Según
un estudio de la Fundación BBVA publicado en 2025, los españoles otorgan al
Gobierno una nota de 3,5 sobre 10, mientras que los políticos en general apenas
alcanzan un 2,6, reflejando un profundo desencanto ciudadano. La percepción de
que el Ejecutivo está más preocupado por su supervivencia que por abordar los
problemas reales del país se ve agravada por los escándalos que han dominado
los titulares en los últimos años.
Escándalos
que erosionan la confianza
El
caso más emblemático de corrupción reciente es el caso Koldo, que involucra a
Koldo García, exasesor del exministro de Transportes José Luis Ábalos. Este
caso, que implica presuntas comisiones millonarias y tráfico de influencias, ha
salpicado a varios ministerios y gobiernos autonómicos, generando una oleada de
críticas. A pesar de las investigaciones en curso, ni Ábalos ni otros altos
cargos han asumido responsabilidades políticas mediante dimisiones, optando en
cambio por estrategias de negación poco creíbles.
Otro
caso que ha generado controversia es el de Begoña Gómez, esposa del presidente
Sánchez, investigada por presunto tráfico de influencias. La falta de
transparencia y la negativa a dar explicaciones claras han alimentado las
sospechas y a esto se suma el caso de Leire Díez, exmilitante del PSOE
implicada en audios filtrados que sugieren intentos de desacreditar a la Unidad
Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, encargada de investigar casos de
corrupción que afectan al PSOE, a varios de sus ministros y a familiares del
presidente.
El
Índice de Percepción de la Corrupción de Transparencia Internacional refleja
esta crisis: en 2024, España cayó al puesto 46, con una puntuación de 56/100,
la peor desde los tiempos de Felipe González. Este retroceso se atribuye no
solo a los escándalos, sino también a la falta de una estrategia clara contra
la corrupción y al debilitamiento de instituciones como el Consejo General del
Poder Judicial (CGPJ).
La
“cultura” de la no dimisión
En
democracias como Reino Unido, Alemania o los países nórdicos, la dimisión de un
político implicado en un escándalo es una práctica común, vista como un gesto
de responsabilidad y respeto hacia la ciudadanía. En España, sin embargo, esta
tradición está prácticamente ausente. Los escándalos que en otros países
provocarían dimisiones inmediatas son en España "normalizados", con
los implicados aferrándose a sus cargos mientras culpan a la oposición o a los
medios de comunicación de fabricar una "máquina del fango".
Esta
resistencia a dimitir se explica en parte por el sistema político español,
descrito por algunos analistas como una "partitocracia" donde la
lealtad al partido prevalece sobre la rendición de cuentas. Según Guillermo
Gortázar, la falta de democracia interna en los partidos y la dependencia de
los cargos de sus líderes fomentan un entorno donde los subordinados prefieren
el silencio cómplice antes que denunciar irregularidades, perpetuando así la corrupción.
En este contexto, el Gobierno de Sánchez ha optado por una estrategia de
confrontación, acusando al PP de utilizar las acusaciones de corrupción como
arma política, mientras minimiza o desvía la atención de los casos que lo
afectan directamente.
La
oposición y la crispación política
El
Partido Popular (PP), liderado por Alberto Núñez Feijóo, ha capitalizado los
escándalos para atacar al Gobierno, calificándolo como el responsable del
"mayor aluvión de corrupción que ha vivido la democracia". Sin
embargo, el PP no está exento de críticas: el partido ha sido protagonista de
algunos de los mayores escándalos de corrupción en la historia reciente de
España, como el caso Gürtel, que llevó a la caída de Rajoy en 2018. Esta
hipocresía mutua entre los dos grandes partidos alimenta una polarización que,
según los expertos, desvía la atención de soluciones reales al problema de la
corrupción.
Feijóo
ha convocado manifestaciones contra el Gobierno, pero se ha abstenido de
presentar una moción de censura, consciente de que no cuenta con los apoyos
suficientes en un Congreso fragmentado. Así, mientras el PSOE y el PP se acusan
mutuamente de ser los "más corruptos", los ciudadanos perciben que la
corrupción es un problema sistémico que trasciende los colores políticos. Según
el barómetro del CIS de marzo de 2024, la corrupción y el fraude son la sexta
mayor preocupación de los españoles, un aumento significativo respecto al mes
anterior, impulsado por la cobertura mediática de casos como el de Koldo.
Mientras
España no aborde de manera decidida las causas profundas de este problema, el
país seguirá atrapado en un ciclo de escándalos que debilitan la democracia. La
pregunta que queda es cuánto tiempo podrá sostenerse un Gobierno que está más
preocupado por aferrarse al poder y controlar todas las instituciones que por
gobernar con integridad.
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