(AZprensa) Hay una cosa que cada vez resulta más frecuente en España: encontrar sitios vacíos. Si uno entra en un banco, es posible que encuentre una mesa vacía. Antes había cuatro empleados y ahora hay tres. Si entra en una tienda, probablemente verá dos dependientes donde antes había tres. Si va a un supermercado, comprobará que varias cajas permanecen cerradas y que las cajeras que antes atendían a los clientes han desaparecido de algunas de ellas. Y si entra en una oficina comercial, no será extraño encontrar puestos de trabajo vacíos. Mesas, sillas, ordenadores... todo preparado para que alguien se siente, pero sin que nadie lo haga.
Es una imagen que se ha convertido en habitual. Las empresas reducen plantillas, automatizan procesos, concentran servicios, sustituyen personas por máquinas o simplemente intentan hacer lo mismo con menos trabajadores. Y, cuando no hay más remedio, el puesto que queda vacío permanece vacío.
Pero hay lugares donde parece que esta regla no se cumple. Hay espacios en los que no se aprecia ningún sitio vacío. Todos los sillones están ocupados. Se diría que existe allí un extraño fenómeno de pleno empleo permanente:
El Congreso de los Diputados.
El Senado.
Los plenos de los ayuntamientos.
Las diputaciones y otros organismos representativos.
En estos lugares no parece existir el problema de las mesas vacías.
Naturalmente, alguien podría decir que un país necesita instituciones, representantes y personas que desempeñen esas funciones. Y es verdad. Una democracia no funciona sin instituciones y representantes. Pero la pregunta es otra. ¿Necesitamos exactamente tantos?
Porque hay una curiosa contradicción que quizá deberíamos plantearnos alguna vez. En una empresa, cuando disminuyen los ingresos, se estudia cómo reducir costes. Si sobran oficinas, se cierran oficinas. Si sobran puestos de trabajo, se amortizan puestos de trabajo. Si una tienda tiene menos clientes, procura funcionar con menos empleados. La Administración, sin embargo, parece tener una lógica diferente.
En el sector privado, la pregunta suele ser: «¿Cuántas personas necesitamos para hacer este trabajo?». En el sector público representativo, quizá la pregunta debería ser también: «¿Cuántas personas necesitamos para hacer este trabajo?». Y aquí aparece una idea que probablemente resulte bastante incómoda: ¿por qué no se puede reducir también el número de sillones cuando las circunstancias lo aconsejan?
No estoy hablando de eliminar la democracia, ni de dejar a los ciudadanos sin representación. Estoy hablando de algo mucho más sencillo: aplicar a las instituciones el mismo principio de eficiencia que se exige al resto de la sociedad.
Si una empresa puede pasar de cuatro empleados a tres porque el volumen de trabajo ha disminuido, ¿por qué una institución no puede plantearse alguna vez si necesita exactamente el mismo número de representantes? Y si en una tienda puede haber un puesto que se queda vacío porque ya no hace falta, ¿por qué un escaño tendría que estar condenado a permanecer ocupado eternamente?
Hay una especie de pleno empleo que resulta particularmente llamativo: el de los políticos. Junto con los enterradores —que, por razones obvias, siempre tienen trabajo—, quizá sean de los pocos profesionales para los que nunca parece faltar un puesto.
Es una ironía, naturalmente. Pero las ironías suelen funcionar mejor cuando contienen una pregunta seria dentro. Y la pregunta sería esta: Si en todas partes hay que hacer ajustes cuando faltan recursos, ¿por qué las instituciones representativas no pueden hacerlos también?
Imaginemos, por ejemplo, que un ayuntamiento de un pueblo cualquiera dijera: «Durante los próximos años vamos a reducir un 10 por ciento el número de concejales. Cuando el 90 por ciento de nuestros ciudadanos tenga trabajo, volveremos a estudiar la situación». Probablemente nos parecería una propuesta revolucionaria. Y quizá ahí esté precisamente el problema.
Nos hemos acostumbrado tanto a que los ajustes los hagan siempre los demás que hemos terminado aceptando como normal que algunas instituciones permanezcan al margen de las mismas dificultades que afectan al resto.
El ciudadano puede perder su empleo.
La tienda puede cerrar una caja.
El banco puede eliminar una mesa.
La empresa puede reducir su plantilla.
Pero el sillón político parece pertenecer a otra categoría laboral.Uno de esos empleos en los que, por muchos problemas que tenga el país, siempre aparece alguien dispuesto a ocupar el puesto.
Quizá algún día veamos algo insólito: un pleno con varios sillones vacíos. Y entonces, por una vez, no será una mala noticia. Será la señal de que alguien ha comprendido que las instituciones también pueden hacer sacrificios cuando los ciudadanos los están haciendo. Porque si estamos de acuerdo en que no tiene sentido mantener puestos de trabajo que ya no son necesarios, deberíamos ser capaces de formular la misma pregunta en cualquier lugar: ¿Este sillón es imprescindible o simplemente está ocupado porque siempre ha estado ocupado?
Puede que sea una pregunta incómoda. Pero, viendo tantos sitios vacíos por todas partes, quizá ya va siendo hora de empezar a hacerla también en los lugares donde nunca falta una silla ocupada.
Así empezó la implantación del pensamiento único…
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