¿Adelanto electoral encubierto o mera planificación administrativa?

(AZprensa) El 20 de junio de 2025, el Boletín Oficial del Estado (BOE) publicó la formalización de contratos para el suministro y distribución de sobres, papeletas y otros materiales electorales destinados a las próximas elecciones generales en España, previstas oficialmente para julio de 2027. Esta decisión, tomada por la Dirección General de Política Interior del Ministerio del Interior, ha generado sorpresa y especulaciones, dado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha reiterado en múltiples ocasiones que no tiene intención de adelantar los comicios y que su objetivo es agotar la legislatura. La licitación, iniciada en septiembre de 2024 y adjudicada en mayo de 2025, contrasta con la práctica habitual de convocar estos procesos con menor antelación, como ocurrió en las elecciones de 2019 y 2023. Este artículo analiza las posibles implicaciones de esta anticipación: ¿está Sánchez preparando un adelanto electoral a pesar de sus declaraciones? ¿O responde esta licitación a otros motivos administrativos o estratégicos?
 
Contexto: un gobierno bajo presión y rumores de adelanto electoral
 
El anuncio del BOE llega en un momento de gran tensión política para el gobierno de Sánchez. Los escándalos de corrupción, como el caso Koldo, que implica a figuras clave del PSOE como José Luis Ábalos y Santos Cerdán, han erosionado la credibilidad del Ejecutivo. Además, las investigaciones sobre la esposa del presidente, Begoña Gómez, y su hermano, David Sánchez, han intensificado las críticas de la oposición, liderada por el Partido Popular (PP) y Vox, que exigen elecciones anticipadas. En el ámbito interno, el PSOE enfrenta presiones de algunos de sus barones, como Emiliano García-Page, y figuras históricas como Felipe González, quienes abogan por adelantar los comicios para evitar un mayor desgaste electoral en las autonómicas y municipales de mayo de 2027.

A pesar de estas circunstancias, Sánchez ha sido tajante. En una comparecencia el 12 de junio de 2025, tras la publicación de un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) que vincula a altos cargos socialistas con corrupción, afirmó: “Convocatoria electoral no va a haber hasta 2027”. Sin embargo, la licitación anticipada de material electoral ha reavivado las sospechas, alimentadas por publicaciones en redes sociales como X, donde usuarios y medios especulan sobre un posible adelanto.
La licitación: detalles y anomalías
 
Según el BOE, el contrato, valorado en 13 millones de euros, establece un acuerdo marco de cuatro años para el suministro de sobres electorales, manuales para miembros de mesa y otros impresos. Las empresas adjudicatarias, como Tompla, Zelatun, Formularios del Centro y Gráficas Eujoa, fueron seleccionadas tras un proceso iniciado en septiembre de 2024, con la adjudicación resuelta en mayo de 2025 y publicada el 20 de junio. El anuncio detalla el volumen de materiales, los importes de las ofertas y el plazo de recursos, que expiró el 30 de mayo de 2025.

Lo que llama la atención es la prontitud de esta licitación. En elecciones anteriores, como las de abril y noviembre de 2019, los contratos para material electoral se adjudicaron con apenas dos meses de antelación. Incluso en 2023, la licitación para las elecciones generales del 23 de julio se tramitó con menor anticipación. Fuentes del Ministerio del Interior, consultadas por medios como Maldita.es y Newtral.es, insisten en que se trata de un “procedimiento habitual” para renovar acuerdos marco que agilicen futuros procesos electorales, especialmente tras la caducidad del anterior contrato en diciembre de 2024. Sin embargo, la publicación de detalles tan específicos a dos años de los comicios ha sorprendido incluso a funcionarios del organismo de contratación.

Hipótesis 1: ¿un adelanto electoral encubierto?
 
La principal hipótesis que circula es que Sánchez podría estar preparando un adelanto electoral, a pesar de sus declaraciones públicas. Varios factores apoyan esta teoría:

Presión política y desgaste del gobierno: La acumulación de escándalos de corrupción, la falta de apoyos parlamentarios para aprobar los Presupuestos Generales del Estado y la debilidad de socios como Sumar y Junts per Catalunya hacen que la legislatura esté “lista para sentencia”, según algunos dirigentes socialistas. Un adelanto electoral podría permitir a Sánchez minimizar el daño electoral antes de que el desgaste sea mayor, especialmente si se aleja de las elecciones autonómicas y municipales de 2027, que algunos en el PSOE temen que se conviertan en un “plebiscito nacional”.

Movimientos internos en el PSOE: La convocatoria anticipada del 41º Congreso Federal del PSOE, interpretada por algunos como una maniobra para renovar el liderazgo del partido antes de unos comicios, refuerza las sospechas. Además, Sánchez encargó a su equipo electoral estimaciones de voto a 12, 24 y 36 meses, lo que sugiere que contempla un adelanto como “plan B”.

Historial de Sánchez: El presidente tiene un historial de decisiones imprevisibles. En 2019, convocó elecciones anticipadas tras el fracaso de los presupuestos, y en 2023, adelantó los comicios tras los malos resultados del PSOE en las autonómicas y municipales. Esta flexibilidad táctica alimenta la idea de que podría estar preparando el terreno para un nuevo adelanto, utilizando la licitación como una medida preventiva.
 
Hipótesis 2: planificación administrativa y renovación de acuerdos marco
 
El Ministerio del Interior y el gobierno han defendido que la licitación es un procedimiento rutinario, desvinculado de cualquier intención de adelanto electoral. Esta explicación se basa en los siguientes argumentos:

Renovación de acuerdos marco: Desde 2018, el Ministerio del Interior utiliza acuerdos marco de cuatro años para agilizar la contratación de material electoral. El contrato anterior, adjudicado en 2022, caducó en diciembre de 2024, lo que obligó a iniciar un nuevo proceso en septiembre de 2024. Según el Ministerio, esta planificación permite seleccionar proveedores con antelación y solicitar ofertas rápidas cuando se convoquen elecciones, sean en 2027 o antes.

Previsión de múltiples procesos electorales: La memoria justificativa de la licitación indica que el acuerdo marco cubrirá “al menos” las elecciones municipales de mayo de 2027 y las generales de julio de 2027. Esto sugiere una preparación para un “superdomingo” electoral en 2027, aunque no descarta su uso en comicios anticipados. Además, el contrato incluye materiales para otros procesos electorales nacionales, lo que justifica su amplitud.

Contraste con elecciones pasadas: Aunque la licitación actual es más temprana que en 2019, no es inusual que los acuerdos marco se tramiten con años de antelación. En 2017, la Generalitat de Cataluña licitó material electoral para elecciones autonómicas con meses de antelación, desvinculándolo de un referéndum independentista. El Ministerio argumenta que la anticipación responde a la necesidad de garantizar la disponibilidad de materiales en un contexto de posibles imprevistos, como los retrasos en la adjudicación de 2022.

Hipótesis 3: maniobra estratégica o distracción política
 
Más allá de un adelanto electoral o una mera gestión administrativa, la licitación podría responder a motivos estratégicos o tácticos:
 
Señal al PSOE y aliados: Sánchez podría estar enviando un mensaje a su partido y a sus socios parlamentarios, mostrando que está preparado para cualquier escenario, incluido un adelanto electoral si la legislatura se vuelve insostenible. La licitación podría ser una forma de mantener la presión sobre Junts, Podemos y Sumar, cuyos apoyos son cruciales para aprobar los presupuestos.
 
Distracción mediática: En un contexto de crisis por los escándalos de corrupción, la publicación de la licitación podría servir para desviar la atención de los medios y la opinión pública hacia especulaciones sobre elecciones, en lugar de centrarse en las investigaciones judiciales. Esta táctica encajaría con el estilo de Sánchez, conocido por su habilidad para controlar la narrativa política.
 
Preparación para imprevistos: Aunque Sánchez insiste en agotar la legislatura, la licitación podría ser una medida preventiva ante posibles crisis políticas, como un fracaso definitivo en las negociaciones presupuestarias o un deterioro mayor por los casos de corrupción. Tener los contratos listos permitiría al presidente reaccionar rápidamente si decide adelantar los comicios.
Análisis crítico: ¿qué pesa más?
 
La hipótesis de un adelanto electoral encubierto es tentadora, especialmente dado el contexto político adverso y el historial de Sánchez. La presión interna en el PSOE, la debilidad parlamentaria y el impacto de los escándalos de corrupción sugieren que el presidente podría estar evaluando un adelanto como una salida estratégica para limitar el daño electoral. La licitación anticipada, junto con la convocatoria del congreso del PSOE y las estimaciones de voto, refuerza esta posibilidad. Sin embargo, estas señales no son concluyentes, y las declaraciones de Sánchez, respaldadas por desmentidos oficiales, apuntan a que no hay una decisión tomada.
 
Por otro lado, la explicación administrativa es sólida. Los acuerdos marco son una práctica habitual desde 2018, y la caducidad del contrato anterior justifica la renovación. La anticipación, aunque inusual, puede responder a la necesidad de evitar los problemas logísticos de 2022, cuando algunos lotes quedaron desiertos. Además, el contrato abarca múltiples procesos electorales, no solo las generales, lo que diluye la idea de un plan específico para adelantar comicios.

La hipótesis estratégica, aunque menos probable, no puede descartarse. Sánchez ha demostrado ser un político táctico, capaz de utilizar maniobras administrativas para proyectar control o desviar la atención. La licitación podría ser una carta bajo la manga, lista para usarse si las circunstancias lo exigen, sin comprometerse públicamente con un adelanto.
 

Vicente Fisac es periodista y escritor. Todos sus libros están disponibles en Amazon: https://www.amazon.com/author/fisac
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