(AZprensa) “Entrar en un hospital es un peligro”, así se desprende del documento ‘Iatrogenia: análisis, control y prevención’, en el que la Sociedad Española de Salud Pública y Administración Sanitaria (SESPAS) y la Organización Médica Colegial (OMC) ponen de manifiesto las altas cifras de efectos adversos que sufren los pacientes al recibir su asistencia sanitaria y en el que reclaman a las autoridades sanitarias que reconozcan la iatrogenia como problema de Salud Pública.
Pero ¿qué es la iatrogenia? El presidente de la OMC, Serafín Romero, aclara que “el concepto de iatrogenia no se puede valorar exclusivamente desde una actuación del médico” y por lo tanto no se refiere únicamente a las negligencias, aunque estas estén incluidas en el concepto, sino también a los efectos adversos de medicamentos, a las infecciones contraídas en hospitales, y al exceso de pruebas médicas, por ejemplo.
Como apunta Beatriz González López-Valcárcel, expresidenta de SESPAS, hoy la medicalización de la sociedad es un hecho y la población no es consciente de este problema, mientras que los médicos, por su parte, piden pruebas innecesarias por miedo a que el paciente les acabe poniendo una denuncia si algo va mal.
Pero, como destaca Andreu Segura, “ninguna intervención sanitaria es inocua” y por consiguiente el paciente debería tenerlo en cuenta y reflexionar antes de solicitar o aceptar esas pruebas, valorando si son de verdad necesarias, y considerar conjuntamente con el médico el balance riesgo/beneficio.
En cifras, el 9,3 por ciento de los ingresados en hospitales y el 11,2 por ciento de quienes pasan por Atención Primaria sufren algún tipo de efecto adverso relacionado con las intervenciones quirúrgicas, infecciones o medicamentos y en España, entre los años 2001 y 2006, se produjeron 350.000 ingresos por estos efectos indeseados.
SESPAS y OMC, reclaman la necesidad de que las autoridades sanitarias reconozcan la iatrogenia como un problema de Salud Pública; que contribuyan con los recursos humanos necesarios; que prioricen el diseño e implantación de un sistema de incentivos para fortalecer la seguridad del paciente; que se acometan las reformas legislativas pertinentes; y -por supuesto- que se hagan públicos los resultados de las evaluaciones periódicas de la Estrategia de Seguridad del Paciente del Sistema Nacional de Salud.
