El prospecto: ¿Documento legal o informativo?

(AZprensa) En teoría, el prospecto de un medicamento es un documento pensado para el paciente: un texto claro que explique cómo actúa ese fármaco contra su enfermedad, cómo debe tomarlo, en qué dosis y con qué precauciones. Una guía de ayuda para el enfermo al que brinda un conocimiento útil y accesible. Pero… 

Sin embargo, la realidad es muy distinta. El prospecto se ha convertido, ante todo, en un documento de medicina defensiva: un escudo legal cuidadosamente redactado para que quede constancia escrita de que se ha advertido al paciente de todos los efectos secundarios posibles, por remotos o improbables que sean. De este modo, el laboratorio y el médico quedan eximidos de cualquier responsabilidad si, aun siguiendo correctamente la prescripción, aparece uno de esos efectos.
 
En consecuencia, los prospectos se han transformado en largos textos densos, repletos de terminología médica impenetrable, impresos en letra minúscula que desafía incluso a una lupa de buen tamaño. Se detallan allí desde las reacciones más frecuentes hasta las más exóticas y estadísticamente insignificantes, como si el objetivo no fuera informar, sino cubrirse las espaldas ante cualquier eventualidad judicial.
 
Así, las reacciones habituales de un paciente al enfrentarse al prospecto son predecibles y casi rituales:
(1) Disgusto al comprobar que apenas entiende nada de lo que pone, pese a esforzarse con gafas o lupa, ante un lenguaje técnico que parece diseñado para expertos y no para personas comunes.
(2) Asombro y estupor al leer la interminable lista de efectos secundarios que, según el papel, podría provocar el medicamento: desde mareos leves hasta problemas graves que suenan aterradores, aunque muchos sean rarísimos.
(3) Firme decisión de tirar el prospecto directamente a la basura y no volver a leer ninguno más… o, en el peor de los casos, de incumplir las recomendaciones del médico por el miedo que se le ha metido en el cuerpo.
 
El resultado es paradójico: un documento nacido con la noble intención de informar termina generando confusión, desconfianza y, a veces, incluso rechazo al tratamiento. En lugar de tranquilizar y orientar, asusta y desanima.
 
Quizá haya llegado el momento de replantearse su verdadera función. Porque si el prospecto prioriza la defensa legal sobre la claridad y la utilidad para el paciente, deja de ser un instrumento de salud para convertirse en un mero trámite burocrático. Y el enfermo, que solo busca curarse, se queda con un papel que más bien parece advertirle: “tómalo bajo tu propio riesgo… y con nuestra responsabilidad cubierta”. Al final, como en tantas otras cosas de la vida, el prospecto ideal sería aquel que realmente ayudase a equivocarse lo menos posible… o, al menos, a entender mejor los riesgos sin perder la confianza en el remedio.
 

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Todo va demasiado deprisa

Los jóvenes nacen sabiendo. Los mayores aprendemos a duras penas. Y cuando por fin dominamos esa tecnología, el dispositivo ya es una antigüedad. Bienvenidos al ciclo sin fin de la obsolescencia feliz. 

(AZprensa) Qué duda cabe de que los jóvenes ya nacen con una habilidad innata para manejar cualquier artilugio electrónico que se cruce en su camino. Con los mayores ocurre exactamente lo contrario: cada aparatito nuevo que sale al mercado representa una curva de aprendizaje que, dependiendo del modelo y del estado de nuestras neuronas, puede oscilar entre la tarde del sábado y varias semanas de sufrimiento silencioso. De ahí que recurramos a ellos con cierta frecuencia —y con toda la humildad que la situación exige— para que nos expliquen cómo funciona tal o cual función del dichoso cacharro.
 
El problema es que los jóvenes son pésimos maestros. No por mala voluntad, sino por exceso de capacidad: lo que para ellos es tan obvio como respirar, para nosotros es neurocirugía. Su respuesta pedagógica invariablemente consiste en lo siguiente: agarrar el aparato, mover los dedos a una velocidad que haría palidecer a un ilusionista de circo, y anunciar triunfalmente «¡Es muy fácil: así, así y así! ¡Ya está!». En ese intervalo de uno o dos segundos —que es todo lo que dura la clase magistral— el alumno no ha podido ver absolutamente nada. Los dedos se mueven a tal velocidad, y tapando además las diminutas teclas, que seguir la explicación es tan factible como leer un libro que alguien agita delante de tus ojos. Resultado: te quedas exactamente igual que al principio, pero con el añadido de haberle dado las gracias por la ayuda.
 
«Seis meses de antigüedad en tecnología equivalen, en términos de presión social, a llegar a una fiesta con un teléfono de disco colgado al cuello.»
 
El manual, la victoria y la condena
 
Es entonces cuando uno decide tomar el asunto por su cuenta y recurrir al manual de instrucciones. Ese documento que nadie lee, que los jóvenes consideran una reliquia arqueológica y que los mayores abordamos con una lupa y la determinación de quien se enfrenta a una oposición de notarías. Tras muchas horas de estudio, muchas semanas de práctica y algún que otro momento de duda existencial, uno acaba manejando el aparato con una soltura que, sin ser la de un nativo digital, al menos permite desenvolverse sin llamar a nadie.
 
Y justo en ese momento —justo cuando uno se sienta a disfrutar del logro con la tranquilidad del alpinista que alcanza la cima— empieza el bombardeo. Los anuncios, los comentarios, la presión social y la maquinaria comercial se conjuran para recordarte que ese aparato que acabas de dominar es, a todos los efectos prácticos, una antigüedad.
 
Cualquier cosa que tenga más de seis meses ya no es tecnología: es folclore. Ha salido el nuevo modelo, con funciones que no necesitas, en un diseño ligeramente distinto al anterior y a un precio que invita a la reflexión filosófica. Si no lo compras —te dicen, con la sutileza de un martillo neumático— no podrás ser feliz. La sociedad te mirará con una mezcla de lástima y reprobación. Tus amigos cambiarán de tema cuando te vean sacar esa “reliquia”, y tus hijos y nietos se avergonzarán.
 
Y uno, al que tanto trabajo le ha costado aprender lo básico de ese aparatito, se pregunta si no hubiera sido mejor haber nacido veinte años después. O en su defecto, no haber prestado atención a los anuncios ni a la presión social.
¡Qué cosas…!
 
Imagen: Murales de arte urbano del artista Román Linacero (alias “Sr. Momán”) en el pueblo Navas de la Asunción.
 

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¿Por qué murieron las revistas médicas?

(AZprensa) Hace unas décadas, el sector editorial médico en España era un ecosistema vivo y variado. Existían numerosas editoriales que publicaban revistas médicas de todo tipo: unas de carácter estrictamente científico, rigurosas y especializadas; otras que combinaban con buen criterio el contenido clínico con la cultura, las humanidades y la reflexión sobre la profesión. Era, en conjunto, un espacio de encuentro entre la ciencia y el pensamiento, entre el médico como profesional y el médico como persona. Ese espacio fue desapareciendo poco a poco, con la discreción silenciosa de las cosas que se van sin que nadie convoque un funeral. Algunas publicaciones intentaron el salto a la versión digital. Pocas sobrevivieron. La mayoría simplemente dejó de existir.
 
La pregunta es sencilla: ¿por qué? Y la respuesta, me temo, también lo es, aunque no resulte cómoda para algunos de los implicados. Lo expliqué en su momento, y el tiempo —ese árbitro implacable que no acepta sobornos— me ha dado la razón.
 
«Cuando no se hace Publicidad sino que simplemente "se ponen anuncios", es evidente que ese es un gasto que se puede recortar. El error estaba mucho antes: en haber permitido que se confundieran ambas cosas.»
 
El problema: confundir el anuncio con la publicidad
 
Las revistas médicas vivían, en buena medida, de la publicidad de los laboratorios farmacéuticos. Esa es la realidad, y negarla sería tan ingenuo como inútil. Lo que ocurrió es que, cuando llegaron los recortes —y siempre llegan, en los laboratorios como en todas partes—, lo primero que se recortó fue la inversión publicitaria en revistas porque, en realidad, nunca había sido una inversión sino un gasto. Un gasto consentido, a veces por compromiso, a veces por simpatía hacia el editor de turno, a veces simplemente para aparentar que se hacía algo. «Ponemos un anuncio en la revista del doctor Fulano» no es publicidad: es un acto social disfrazado de estrategia de comunicación.
 
La publicidad —la Publicidad con mayúscula, la que merece ese nombre— es una herramienta de comunicación con objetivos medibles, con un público definido, con un mensaje construido y con un retorno esperado. No es un favor que se le hace a alguien. No es una forma de quedar bien en el sector. No es el equivalente corporativo de enviar una tarjeta de felicitación. Quien confunde ambas cosas no está haciendo publicidad: está despilfarrando dinero. Y cuando hay que recortar, lo primero que cae es aquello cuya utilidad nunca quedó demostrada.
 
No voy a extenderme aquí en explicar en qué consiste la publicidad bien entendida: hay bastantes libros publicados sobre el tema —algunos de ellos firmados por quien escribe estas líneas— y quien quiera formarse una opinión rigurosa tiene material de sobra a su disposición. Lo que sí vale la pena señalar es que, antes de recortar la partida publicitaria, los responsables de los laboratorios habrían hecho bien en recortar algo anterior: las cabezas —o al menos los cargos— de quienes aprobaron durante años que se tirara el dinero de la empresa «poniendo anuncios» sin criterio, sin estrategia y sin la menor intención de medir si aquello servía para algo.
 
La ineptitud, ese mal endémico
 
Porque el problema no es exclusivo del sector farmacéutico ni del mundo editorial médico. Es un problema transversal, perfectamente reconocible en cualquier ámbito de la vida económica y social española. La tendencia a gastar sin pensar, a aprobar partidas por inercia, a confundir la actividad con la productividad y el movimiento con el avance, es algo que vemos todos los días. Y cuando llega la hora de rendir cuentas —que siempre llega— los que pagan las consecuencias no son quienes tomaron las decisiones equivocadas, sino los que dependían de que esas decisiones fueran correctas: en este caso, las revistas, sus redacciones, sus lectores y, en última instancia, una profesión médica que perdió un espacio de formación, reflexión y cultura que nadie ha sabido sustituir del todo.
 
Para comprobarlo no hace falta irse muy lejos. Basta con echar un vistazo a cómo se gestiona el dinero público en este país, empezando por el Gobierno y bajando pacientemente por todos los escalones de la Administración. El despilfarro no es una anomalía: es casi un sistema. Y la ineptitud que lo alimenta tampoco es accidental: es, en demasiados casos, el resultado previsible de poner al frente de la gestión a personas incompetentes.
 
Las revistas médicas murieron, en su mayoría, porque alguien confundió “poner anuncios” con “invertir en publicidad”. No es un epitafio muy glorioso; pero es la dolorosa verdad.
 

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¿Es esto «informar»?

Hay una frontera nítida entre el periodismo incómodo —que es necesario— y la persecución mediática guiada por fobias personales o intereses particulares. Cruzarla no es ejercer la libertad de prensa. Es traicionarla. 

(AZprensa) Entendemos que la publicación de noticias positivas y negativas sobre cualquier compañía, institución o personaje público es un ejercicio legítimo de libertad informativa e independencia periodística, frente al cual no cabe sino aceptar las reglas del juego democrático y mantener una actitud de apertura hacia los medios, a fin de que la voz del aludido sea también escuchada y ponderada.
 
Entendemos que los medios de comunicación se deben, antes que a nadie, a sus lectores, y que ese deber debería primar sobre los intereses de editores, anunciantes y grupos de presión. En consecuencia, deberían ofrecer una información imparcial y equilibrada. Tienen, por supuesto, todo el derecho a incluir columnas de opinión —y sería empobrecedor que no lo hicieran—, pero estas deben estar claramente diferenciadas de la información factual; debe quedar meridianamente claro cuándo un medio relata lo que ocurrió y cuándo un columnista juzga lo que ocurrió. Esa distinción no es un tecnicismo: es el fundamento sobre el que el lector puede formarse su propia opinión de manera libre, sin que nadie le lleve de la mano hasta una conclusión prefabricada.
 
Entendemos también que los medios dependen de su audiencia —responsable, a su vez, de los ingresos publicitarios imprescindibles para su supervivencia— y que deben buscar ampliarla y fidelizarla por todos los medios legítimos a su alcance. Entre esos medios legítimos no se encuentran, desde luego, la información sesgada, el sensacionalismo sin base ni rigor, ni el partidismo descarado a favor o en contra de una compañía, una institución o un individuo concreto.
 
«Da igual lo que haga o diga: el reflejo en sus páginas siempre será negativo. Eso no es periodismo. Es una condena sin juicio.»
 
Cuando la «información» se convierte en persecución
 
Por todo ello, no entendemos —o mejor dicho: no aprobamos— la fijación que ciertos medios exhiben contra determinadas compañías, instituciones o personas públicas. Una fijación, y no cabe llamarla de otra manera, que se manifiesta de formas bien reconocibles.
 
Primero: la reiteración sistemática de opiniones negativas, sean propias o de terceros, incluso cuando esos terceros representan a una minoría, y sin dar cabida en la misma proporción a las voces de la mayoría.
Segundo: la interpretación en clave negativa de cualquier actividad o declaración del aludido, de tal forma que da igual lo que este haga o diga, porque su reflejo en esas páginas siempre será el mismo: adverso, hostil, condenatorio.
Tercero: el ataque de carácter personal, que delata sin disimulo que lo que prima no es el valor informativo del asunto, sino el grado de animadversión del periodista hacia la compañía o el directivo en cuestión.
Y todo ello de manera continuada, sin tregua, sin que el paso del tiempo atenúe la intensidad del acoso. Precisamente esa persistencia es la que lo desnuda: los temas de verdadero interés informativo tienen una vida natural, un momento de relevancia que decae.
 
Cuando el tratamiento negativo se mantiene semana tras semana, mes tras mes, con la misma virulencia desde el primer día, ya no estamos ante periodismo de investigación ni ante fiscalización del poder. Estamos ante otra cosa: ante el uso interesado de unos espacios mediáticos para ejercer una presión sostenida, guiada por intereses particulares o por fobias personales que no tienen cabida en ningún código deontológico digno de ese nombre.
 
La libertad de prensa es uno de los pilares de las sociedades abiertas. Pero esa libertad, como todas, tiene un límite: el punto en que deja de ser un instrumento de información y se convierte en un arma al servicio de quien la empuña. Cuando ese punto se cruza, ya no estamos hablando de periodismo. Estamos hablando de otra cosa. Y esa otra cosa merece ser llamada por su nombre.
 

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Sigue siendo mentira que falten médicos

Lo escribí en 2009 para una revista médica y me temo que, dieciséis años después, el diagnóstico no ha cambiado. Los números siguen siendo los mismos. Las excusas también. Solo han cambiado los gestores que las pronuncian. 

(AZprensa) Hace dieciséis años escribía en una revista médica que era mentira que faltasen médicos en España. Que bastaba con mirar los números para huir de la demagogia. Que el problema real no era la escasez de médicos, sino la escasez de médicos dispuestos a trabajar en las condiciones que les ofrecía el Sistema Nacional de Salud. Lo que no imaginaba entonces es que en 2025 iba a tener que escribir exactamente lo mismo, con los mismos argumentos y contra los mismos gestores —o sus sucesores, que para el caso es lo mismo.
 
Miremos de nuevo los números, porque los números no mienten aunque los que los manejan sí. Según los datos más recientes de la OCDE, España cuenta con 4,6 médicos por cada 1.000 habitantes, situándose entre los países con mayor ratio de facultativos del mundo desarrollado. Solo Noruega (5,2) y Austria (5,5) nos superan entre los países europeos. Nos encontramos muy por encima de Francia (3,4), del Reino Unido (3,2), de Estados Unidos (2,6) o de Canadá (2,8). El Informe SESPAS 2024 —la referencia más rigurosa disponible sobre recursos humanos sanitarios en España— lo certifica: ocupamos el séptimo puesto en la OCDE en médicos activos por habitante. Dicho de otro modo: tenemos más médicos por persona que casi cualquier país de nuestro entorno.
 
«En España no faltan médicos. Lo que falta son médicos dispuestos a trabajar para el SNS en las condiciones que el SNS ofrece. Hay una diferencia abismal entre ambas afirmaciones.»
 
El problema real: lo que el SNS no quiere ver
 
Y sin embargo, si la frase «en España faltan médicos» es falsa, hay otra que sí es verdadera: «en el Sistema Nacional de Salud no hay médicos suficientes que quieran trabajar en él». Ese matiz lo es todo. El SNS tiene contratado aproximadamente al 70% de los médicos colegiados en activo —el porcentaje ha mejorado algo desde el 56% que yo citaba en 2009—, pero un 30% ejerce en exclusiva en el sector privado. ¿Por qué? La respuesta no ha cambiado en dieciséis años: porque el SNS no les ofrece ni las condiciones laborales, ni las profesionales, ni las económicas que por su preparación y responsabilidad merecen.
 
La temporalidad contractual roza el 40%. Hay médicos que acumulan diez contratos distintos en tres años, muchos de ellos ilegales en cuanto a jornada. Los salarios son sensiblemente inferiores a los de Francia, Alemania, Suiza o el Reino Unido. Y el resultado es predecible: entre 2019 y 2024, más de 2.000 médicos españoles solicitaron la baja de colegiación para trabajar en el extranjero —400 solo en 2024—, según datos de la Organización Médica Colegial. A eso hay que sumar una fuga silenciosa pero igualmente preocupante: la de aquellos que, sin emigrar, abandonan la clínica pública para dedicarse a la medicina privada o a tareas de gestión, investigación o industria farmacéutica. Esos no salen en las estadísticas de emigración, pero el SNS los pierde igual.
 
La solución de siempre: importar y dilatar

Y entonces llega la respuesta de los gestores. La misma de 2009, con distinto envoltorio. A corto plazo: importar médicos de Iberoamérica, Europa del Este y otros países que sí acepten las condiciones que los médicos españoles rechazan. En la convocatoria MIR de 2022-2023, el 16,4% de las plazas adjudicadas fueron a parar a médicos extranjeros. El Informe SESPAS 2024 lo señala sin ambages: España se ha convertido en un importador neto de médicos. Lo cual, dicho así, suena casi a éxito de gestión. Lo que no se menciona es la dimensión ética del asunto: estamos captando sistemáticamente médicos de países de renta media y baja que los necesitan tanto o más que nosotros, algo que la propia OMS ha catalogado como éticamente cuestionable.
 
A largo plazo: abrir facultades de Medicina. España es ya el segundo país del mundo por número de facultades de Medicina. El número de estudiantes de nuevo ingreso ha crecido un 8,2% en los últimos seis cursos académicos, impulsado sobre todo por la proliferación de universidades privadas. El Ministerio de Sanidad propuso en 2022 un aumento del 15% en el numerus clausus. La lógica es la de siempre: si formamos a más médicos, habrá una bolsa de paro tan grande que siempre habrá alguien dispuesto a aceptar lo que se le ofrezca. No es planificación sanitaria. Es ingeniería de la precariedad.
 
Un problema nuevo que agrava el viejo
 
Lo que sí ha cambiado desde 2009 —y conviene señalarlo— es la dimensión temporal del problema. El SNS afronta en los próximos años una oleada de jubilaciones sin precedentes: se prevé que España pierda hasta 80.000 médicos por esta vía en la próxima década, a una media de entre 7.000 y 8.000 por año. La estructura de edad de los facultativos está profundamente envejecida, especialmente en atención primaria, donde uno de cada tres médicos supera ya los 60 años. Y el Informe Oferta-Necesidad de Especialistas Médicos proyecta un déficit de unos 4.500 médicos de familia en 2027.
 
Pero atención: ese déficit futuro no se resolverá abriendo más facultades ni trayendo más médicos de fuera. Se resolverá —si es que se resuelve— haciendo que los médicos que ya tenemos quieran quedarse a trabajar en el sistema público. Lo cual exige exactamente lo que los gestores llevan dieciséis años negándose a hacer: mejorar de forma estructural y real las condiciones laborales, retributivas y profesionales de los médicos del SNS. Todo lo demás es parche, cosmética o, en el mejor de los casos, patada a seguir hacia delante.
El diagnóstico sigue siendo el mismo. La enfermedad también. Solo que ahora llevamos dieciséis años más sin tratarla.
 
Este artículo es una actualización de un texto que publiqué en 2009 para el portal de formación médica Medical Practice Group (MPG). Los datos de ratios de médicos proceden de la OCDE (2021-2024) y del Informe Bienal SESPAS 2024. Los datos sobre emigración de médicos proceden de la Organización Médica Colegial (OMC).
 

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