Las vacunas COVID causan 375 muertes en España

(AZprensa) Según los datos recogidos por la Agencia Española del Medicamento (Aemps) a fecha 9 de enero 2022, las vacunas COVID-19 han causado 375 muertes, es decir, han sido la causa directa y comprobada de la muerte de 375 personas en España.
 
En ese mismo informe se indica que, a fecha 9 de enero de 2022, se han administrado en España 80.109.445 dosis de vacunas, habiéndose registrado 55.455 efectos adversos, de los cuales 11.048 fueron graves, esto es, 13,7 efectos secundarios graves por cada 100.000 personas.
 
Llevando a portada aquí estas cifras, no nos estamos posicionando en contra de las vacunas, antes al contrario somos partidarios de las mismas… siempre y cuando los beneficios esperados sean muy superiores a los riesgos de aparición de efectos secundarios graves. Vamos, esto es lo que siempre han defendido todos los médicos: que no se prescriba ningún fármaco de forma indiscriminada sino que antes de administrar cualquier medicamento o vacuna se analice para cada paciente en particular si los beneficios que le reportará justifican asumir ciertos riesgos, que se explique esto al paciente y que una vez informado sea el paciente quien acepte o no el tratamiento.
 
Traducido al momento actual, significa que la vacuna (recordemos que aún está en fase experimental) parece indicada en todos aquellos pacientes con enfermedades importantes o con su salud muy deteriorada, en los cuales una infección de COVID-19 comprometería seriamente su salud; y por esa misma razón, en personas sanas no debería administrarse la vacuna ya que los riesgos de una infección (similares a una gripe) son inferiores a los riesgos que esas mismas vacunas pueden provocar, máxime cuando se ha demostrado que las personas vacunadas pueden contraer la infección igual que las demás y pueden contagiar también a las demás (era falso ese argumento que nos “vendieron” de que los vacunados no contagiarían, porque sí que lo hacen igual que los no vacunados).
 
Analizando algunos de los efectos secundarios graves registrados, destacan la parestesia (un trastorno de la sensibilidad que puede darse incluso en todo el cuerpo) y el de más reciente aparición (ligado a las vacunas de AstraZéneca y Janssen) la mielitis transversa.
 
Este último, la mielitis transversa, es una inflamación de la médula espinal y produce dolor, debilidad muscular, parálisis, problemas sensoriales y disfunción de la vejiga y del intestino, unos efectos que además pueden permanecer en el tiempo.
 
Como podemos comprender, nada de esto se ha dicho en televisión y muy poco en la prensa, ya que los medios de “manipulación” sólo informan de lo que interesa al Gobierno.
 
Fuente: 12º Informe de Farmacovigilancia de la Agencia Española del Medicamento (Aemps) sobre efectos adversos de las vacunas COVID-19 administradas en España hasta el 9 de enero de 2022.
 

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La Sanidad pública dejará de financiar todos los fármacos de libre dispensación

(El Inefable) El proyecto del próximo Real Decreto de Precios y Financiación de medicamentos establece que la Sanidad pública no financiará ningún medicamento que no exija receta. Esto conllevará además que la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (Aemps) revise todos los medicamentos para ver cuáles de ellos son susceptibles de ser calificados a partir de ahora como “sin receta” y de esta forma excluirlos de la financiación, con lo que la Sanidad pública española cada vez será menos gratuita al quedar notablemente mermado el número de productos susceptibles de ser recetados y financiados por el Sistema Nacional de Salud. En realidad esta medida no es nueva, sino sólo una vuelta de tuerca más, ya que en el año 2012 el ministerio de Sanidad quitó de la financiación pública un total de 417 fármacos.

Una investigadora del Centro de Estudios de Salud y Económicos (CRES), Laura Pellisé, ha hecho unas declaraciones indicando que ve aspectos positivos en esta medida, toda vez que:

-Reducirá el número de visitas que se hacen a los médicos (está claro que si cada vez te van a recetar menos o incluso nada, para qué vas a ir al médico).

- Reducirá el absentismo laboral (por la misma razón anterior, ya no tendrá sentido ir al médico y perder horas de trabajo, bastará con ir a la farmacia al salir del trabajo).

- Liberará recursos (esto es, como habrá menos pacientes, serán necesarios menos médicos a quienes pagar su salario correspondiente)

E igualmente ha señalado que sólo ve un punto negativo, que los precios de los medicamentos que ya no pague la Sanidad pública subirán de precio. A ella no debe importarle mucho este aspecto, ya que ha añadido que esto es un hecho menor (es decir, el que todos los ciudadanos tengamos que pagarnos a partir de ahora más medicamentos de nuestro bolsillo, los cuales además subirán de precio, es para ella un “hecho menor”) y en cambio ve muy positivo el beneficio que aportará a todos los niveles (ese “a todos los niveles” en realidad sólo es un nivel: las arcas del Estado).

ÚLTIMA HORA: Varios asesores jurídicos han transmitido que “es del todo imposible” que este decreto esté aprobado antes de ocho meses (las cosas de palacio van despacio) y como las elecciones generales serán en noviembre, la cosa queda en el aire... de momento.

Denuncia contra implantes dentales ilegales

(El Inefable) La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) ha ordenado el cese de la utilización así como la retirada de todos los productos sanitarios fabricados por la empresa Impladine S.L Barcelona. Se trata de una empresa que ha estado fabricando implantes sin la licencia sanitaria de funcionamiento y sus productos no estaban amparados por el certificado de conformidad CE o incluían un certificado falso.

También ha dictaminado que los centros y profesionales sanitarios identifiquen y localicen a los pacientes portadores de implantes dentales de la empresa Impladine S.L, a los cuales deberán realizar una revisión incluyendo exploración radiológica y biomecánica, para verificar la ausencia de infecciones, así como el correcto estado y funcionalidad del implante. Además estos pacientes deberán pasar posteriormente una revisión anual.

El Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de la I Región (COEM) ha mostrado su total apoyo a esta resolución. Su presidente, Ramón Soto-Yarritu, ha declarado al respecto que “tanto las administraciones, como los profesionales e incluso los propios pacientes deben ayudar a identificar cualquier irregularidad en la atención bucodental”.