La limosna que esclaviza y fideliza

(AZprensa) Dar una limosna es un gesto humano, casi instintivo: vemos sufrimiento y queremos aliviarlo de inmediato. Es generosidad, es misericordia. Pero también es, con demasiada frecuencia, una trampa disfrazada de bondad. Porque la limosna no saca a nadie de la pobreza; solo la maquilla. Lo que verdaderamente dignifica y libera es el trabajo: un empleo estable, con un salario que permita planificar una vida, educar a los hijos y mirar al futuro sin miedo. El resto es caridad que, paradójicamente, puede convertirse en cadena.
 
España es hoy laboratorio vivo de esta contradicción. Durante la pandemia, el Gobierno de Pedro Sánchez impuso uno de los confinamientos más duros y prolongados de Europa. El resultado fue previsible: cientos de miles de negocios cerrados, millones de empleos destruidos y una pobreza que se disparó hasta niveles que no veíamos desde hacía décadas. En lugar de centrarse en reactivar la economía con urgencia, el Ejecutivo optó por la vía rápida: subvenciones, rentas y ayudas. Primero llegó el Ingreso Mínimo Vital (IMV) en mayo de 2020, presentado como “escudo social”. Después vinieron el complemento de ayuda a la infancia, el subsidio para mayores de 52 años, la nueva ayuda de 500 euros para ex-parados que agotan la prestación, y una cascada de bonos y cheques que no cesa.
 
A simple vista, todo parece admirable. Pero la realidad que viven los beneficiarios es bien distinta. Conseguir cualquiera de estas ayudas es un calvario burocrático que puede durar meses, incluso años. Una vez concedidas, la trampa se cierra: el beneficiario se enfrenta a un dilema cruel. ¿Renuncio a la ayuda segura (aunque sea de miseria) por aceptar un trabajo? La mayoría de ofertas laborales que aparecen son contratos temporales de tres, seis o nueve meses, con salario mínimo o poco más. Si aceptas, pierdes automáticamente la prestación. Cuando el contrato acaba –y en España siete de cada diez nuevos contratos son temporales–, te quedas sin nada. Y vuelta a empezar: nuevas colas virtuales, nuevos papeles, nuevas esperas de meses para que te reconozcan de nuevo el derecho.
 
¿Quién en su sano juicio arriesga la comida de sus hijos por cuatro o cinco meses de sueldo mínimo y la certeza de volver al limbo administrativo? Muy pocos. El resultado es devastador: miles de personas terminan acomodándose a vivir con 500, 600 o 700 euros al mes, sin buscar trabajo activamente, porque cualquier paso en falso les puede dejar peor que antes. La ayuda, que nació para ser puente, se convierte en prisión. Y la prisión, con el tiempo, genera dependencia y, lo que es peor, fidelidad política.
 
Porque mantener a cientos de miles de familias con esas cantidades cuesta relativamente poco al Estado. Basta con seguir subiendo impuestos a empresas, autónomos y clase media-alta, exprimir el IRPF de los que sí trabajan y seguir endeudando al país. El cálculo es cínico pero eficaz: por unos cientos de euros al mes compras silencio, gratitud y, sobre todo, votos. El beneficiario sabe perfectamente quién le da de comer. Y cuando lleguen las elecciones, la mayoría recordará la mano que le alimentó, no la que le negó un futuro.
 
Esto no es asistencia social; es clientelismo del siglo XXI. Es la versión moderna del “pan y circo”, solo que ahora el pan llega por transferencia bancaria y el circo son las promesas de más y más ayudas. Mientras tanto, la economía real se asfixia: las empresas, ahogadas en cotizaciones y regulaciones, no crean empleo estable; los jóvenes emigran; los mayores de 45 años son descartados sin miramientos. Y el Gobierno celebra récord histórico de afiliados a la Seguridad Social… sin mencionar que gran parte de ese récord lo firman empleos públicos y contratos basura.
 
La verdadera solidaridad no consiste en mantener a la gente en la cuneta con una manta. Consiste en levantar la cuneta, asfaltar la carretera y darles un vehículo para que circulen por sí mismos. Eso requiere menos propaganda y más reformas valientes: bajar impuestos a quien crea empleo, flexibilizar el mercado laboral sin precarizarlo, simplificar la burocracia que ahoga a pymes y autónomos, y apostar de verdad por la formación y la industria.
 
Mientras sigamos confundiendo caridad con justicia, seguiremos teniendo pobres agradecidos en lugar de ciudadanos libres. Y el país, en vez de avanzar, seguirá atado a la limosna que esclaviza y, sobre todo, fideliza al que la reparte.
 

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España, el país de la sopa boba

(AZprensa) La expresión “estar a la sopa boba” se utiliza para designar a las personas que viven a costa de otros, lo que comúnmente se conoce como vagos, holgazanes, etc. pero con el añadido de que viven como parásitos de otros.
 
Si analizamos las cifras actuales de España podremos ver que es un país en donde una buena parte de la población “está a la sopa boba”. Veamos…
 
La población actual de España es de 47.420.000 habitantes y de estos, 38.500.000 están en edad laboral, es decir, podrían trabajar.
 
Pero como la población está cada vez más envejecida (sólo los inmigrantes quieren tener hijos) y las empresas reducen plantillas a base de ERES y pre jubilaciones, resulta que hay 9.936.000 personas que reciben una pensión (aunque de estos sólo 6.246.000 han estado trabajando para hacerse acreedores a esta pensión, los demás, los 3.690.000 que reciben la pensión lo hacen por viudedad, incapacidad permanente u orfandad).
 
El número de parados es de 3.024.000 personas, a los que hay que añadir (porque se le olvidó incluirlos en esta lista al Gobierno) otros 443.000 que son fijos-discontinuos, es decir, que sólo trabajan algunos meses al año porque el resto del tiempo están en paro.
 
Y también hay que añadir que “gracias” a que el Gobierno PSOE-Podemos nos encerró a todos en un confinamiento que después ha declarado ilegal el Tribunal Superior de Justicia, y esto arruinó a cientos de miles de familias, pues ahora hay 1.406.000 personas que reciben eso que se llama Ingreso Mínimo Vital y que es una paguita mensual de unos 400 euros al mes para que puedan comer.
 
Total, que si sumamos parados, fijos-discontinuos, receptores de ingreso mínimo vital y pensionistas, nos encontramos con una cifra de 14.809 personas frente a 20.463.000 personas que sí están trabajando y cotizando para que pueda vivir todo el país (unos mejor, como los políticos, y otros peor como la mayoría de los ciudadanos).
 
Pues así es como está el patio, y como seguirá estando hasta el próximo mes de diciembre en que se celebren –de forma obligatoria- elecciones generales y se pueda cambiar de Gobierno. Por desgracia, la oportunidad de la moción de censura que se va a presentar y que nos daría la oportunidad de unas elecciones generales, no va a prosperar porque los partidos políticos anteponen sus propios intereses a los intereses de todos los ciudadanos. Que no te engañen: la moción de censura no pretende cambiar de Gobierno, sólo pretende echar a este Gobierno para poder convocar urgentemente unas elecciones generales y que todos los ciudadanos puedan expresar en las urnas lo que quieren. No va de partidos, sino de dar voz a los ciudadanos para que voten lo que quieran.
 
En la imagen: “La sopa boba” (1800) de Zacarías González Velázquez (Madrid, 1763-1834)
 

Todavía hay gente que no sabe el significado real de muchas palabras relacionadas con el mundo de la política y los políticos.
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Navarra dejará que los médicos decidan cuándo jubilarse (mientras la bolsa del paro sigue subiendo)

(AZprensa) El Colegio de Médicos de Navarra ha emitido un comunicado en el que considera que el Acuerdo del Gobierno de Navarra por el que “se autoriza la permanencia en activo, una vez cumplida la edad de jubilación forzosa, a facultativos especialistas de todas las áreas”, es una medida razonable, aunque debe ser excepcional, y pide que se aplique con la “máxima trasparencia”, de manera que no ralentice el necesario relevo generacional o que los médicos jóvenes vean dificultado su acceso a un puesto estable e indefinido en la Administración Pública.

Destaca que frente a la situación de precariedad laboral que padece en estos momentos el colectivo médico, los esfuerzos de la Administración deben ir encaminados a consolidar un empleo de calidad, especialmente entre los médicos jóvenes (aumentando la oferta de empleo público y mejorando de las condiciones laborales). Solamente así, cuidando a los profesionales que estén en activo y ofreciendo a los que se incorporen en el futuro condiciones laborales de calidad, se conseguirá una plantilla estable y bien cualificada.

En opinión del Colegio de Médicos de Navarra, la flexibilización de la edad de jubilación forzosa de los profesionales debe ir acompañada de medidas que favorezcan y atraigan a los mejores médicos y además reclama un aumento de recursos humanos para paliar los recortes de personal médico sufrido estos años y que está generando saturación en muchos servicios sanitarios.