Entendemos que los medios de comunicación se deben, antes que a nadie, a sus lectores, y que ese deber debería primar sobre los intereses de editores, anunciantes y grupos de presión. En consecuencia, deberían ofrecer una información imparcial y equilibrada. Tienen, por supuesto, todo el derecho a incluir columnas de opinión —y sería empobrecedor que no lo hicieran—, pero estas deben estar claramente diferenciadas de la información factual; debe quedar meridianamente claro cuándo un medio relata lo que ocurrió y cuándo un columnista juzga lo que ocurrió. Esa distinción no es un tecnicismo: es el fundamento sobre el que el lector puede formarse su propia opinión de manera libre, sin que nadie le lleve de la mano hasta una conclusión prefabricada.
Entendemos también que los medios dependen de su audiencia —responsable, a su vez, de los ingresos publicitarios imprescindibles para su supervivencia— y que deben buscar ampliarla y fidelizarla por todos los medios legítimos a su alcance. Entre esos medios legítimos no se encuentran, desde luego, la información sesgada, el sensacionalismo sin base ni rigor, ni el partidismo descarado a favor o en contra de una compañía, una institución o un individuo concreto.
«Da igual lo que haga o diga: el reflejo en sus páginas siempre será negativo. Eso no es periodismo. Es una condena sin juicio.»
Cuando la «información» se convierte en persecución
Por todo ello, no entendemos —o mejor dicho: no aprobamos— la fijación que ciertos medios exhiben contra determinadas compañías, instituciones o personas públicas. Una fijación, y no cabe llamarla de otra manera, que se manifiesta de formas bien reconocibles.
Primero: la reiteración sistemática de opiniones negativas, sean propias o de terceros, incluso cuando esos terceros representan a una minoría, y sin dar cabida en la misma proporción a las voces de la mayoría.
Segundo: la interpretación en clave negativa de cualquier actividad o declaración del aludido, de tal forma que da igual lo que este haga o diga, porque su reflejo en esas páginas siempre será el mismo: adverso, hostil, condenatorio.
Tercero: el ataque de carácter personal, que delata sin disimulo que lo que prima no es el valor informativo del asunto, sino el grado de animadversión del periodista hacia la compañía o el directivo en cuestión.
Y todo ello de manera continuada, sin tregua, sin que el paso del tiempo atenúe la intensidad del acoso. Precisamente esa persistencia es la que lo desnuda: los temas de verdadero interés informativo tienen una vida natural, un momento de relevancia que decae.
Cuando el tratamiento negativo se mantiene semana tras semana, mes tras mes, con la misma virulencia desde el primer día, ya no estamos ante periodismo de investigación ni ante fiscalización del poder. Estamos ante otra cosa: ante el uso interesado de unos espacios mediáticos para ejercer una presión sostenida, guiada por intereses particulares o por fobias personales que no tienen cabida en ningún código deontológico digno de ese nombre.
La libertad de prensa es uno de los pilares de las sociedades abiertas. Pero esa libertad, como todas, tiene un límite: el punto en que deja de ser un instrumento de información y se convierte en un arma al servicio de quien la empuña. Cuando ese punto se cruza, ya no estamos hablando de periodismo. Estamos hablando de otra cosa. Y esa otra cosa merece ser llamada por su nombre.
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