(AZprensa) La Universidad Complutense de Madrid (UCM) ha acogido la celebración de un curso de verano centrado en el precio de los medicamentos. “En 2018 el gasto en medicamentos del Sistema Nacional de Salud, que sigue aumentando de forma imparable, aumentó en 795 millones de euros más, según el Ministerio de Hacienda. Supone un 4,65% más respecto a 2017. Si lo comparamos con el año 2014, el gasto ha aumentado en 2.700 millones”, ha recordado el experto en Salud Pública y Políticas de Salud, Fernando Lamata.
Tal como ha explicado, este aumento repercute negativamente en la calidad del Sistema Nacional de Salud: “Hay menos dinero para personal, para equipamiento, para reducción de listas de espera. Como, además, parte del gasto sanitario público en medicamentos se ha derivado a los pacientes, con los copagos, muchas personas no pueden comprarlos. El año pasado, 1.400.000 personas no pudieron comprar el fármaco que les habían recetado en la sanidad pública”. Sin embargo Lamata se calla y no dice que el coste de los medicamentos sólo representa en torno al 10 por ciento del coste total de la Sanidad pública, por lo que no pueden achacarse al precio del medicamento todos los males.
Un paso más allá ha ido la coordinadora de políticas de la campaña “No es Sano”, Irene Bernal: “El precio de los medicamentos innovadores se convierte de facto en un obstáculo al acceso cuando lo que la industria farmacéutica pide por ellos supera las posibilidades de pago de los Estados de hoy y de mañana”.
No le falta razón cuando vemos cómo en los últimos años hemos asistido a un aumento continuado de los precios de los nuevos medicamentos, en muchas ocasiones con cifras muy superiores a los costes de investigación y fabricación, como en el caso de la Hepatitis C y los antivirales de acción directa. Esta situación ha conllevado un importante incremento del gasto farmacéutico, poniendo en peligro la sostenibilidad del sistema e introduciendo copagos en los medicamentos a miles de personas, limitando el acceso a determinados tratamientos.
Pero se equivoca al afirmar la “total libertad de la industria para ponerle al fármaco el precio que quieran”. Resulta que son los Gobiernos quienes fijan el precio, rechazando primero el precio propuesto por los laboratorios y tras un tira y afloja acuerdan finalmente un precio mucho más bajo; a veces tan bajo que el laboratorio prefiere no lanzar el medicamento en ese país.
Los laboratorios ven cómo sus enormes inversiones en investigación se topan al final con esa guerra de precios en donde siempre pierden… excepto cuando descubren un medicamento que salva vidas (como los de la Hepatitis C y antivirales) en cuyo caso aprovechan para vengarse y poner un precio exageradamente alto, poniendo a los Gobiernos en un compromiso: pagar o dejar que mueran las personas.
Si –como se ha dicho en este curso- hubiese transparencia a la hora de fijar los precios, y los Gobiernos no regateasen tanto, los productos que salvan vidas costarían mucho menos, los demás costarían más, pero la suma total del gasto sería inferior y la Sanidad pública podría financiarlos casi todos y los pacientes beneficiarse de ellos. Pero esto es una utopía.
Fuente de información: Curso de verano “El precio del medicamento: aportes desde una perspectiva del derecho a la salud”, organizado por Farmamundi, a través de su cátedra “Derecho a la Salud y acceso a medicamentos”.
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