sábado, 16 de mayo de 2026

¿Por qué los «altos cargos» se llama «altos cargos»?

Una investigación etimológica de urgencia, sin subvención pública, que desvela el misterio mejor guardado de la Administración Pública española.
 
(AZprensa) Hay preguntas que la humanidad lleva siglos formulándose sin encontrar respuesta satisfactoria. ¿Hay vida en otros planetas? ¿Qué fue antes, el huevo o la gallina? ¿Por qué el cajón de la cocina siempre tiene algo que impide abrirlo del todo? A esta lista de grandes enigmas sin resolver hay que añadir uno de carácter más doméstico pero no menos intrigante: ¿por qué los altos cargos del Gobierno y la Administración Pública se llaman «altos cargos»?
 
La pregunta merece ser abordada con el rigor que se merece. Descartemos primero las hipótesis más evidentes. ¿Se llaman «altos» porque son más importantes que el resto de los ciudadanos? La respuesta es no —en teoría, todos somos iguales ante la ley, ante Dios y ante la caja del supermercado—, aunque hay quien lo duda al ver el tamaño de sus escoltas. ¿Se llaman «altos» por su estatura? Tampoco: la galería de altos cargos de cualquier gobierno ofrece una diversidad antropométrica que haría las delicias de cualquier estudio estadístico, con una representación notable de tallas que no superan el metro sesenta. ¿Será porque tienen el despacho en la última planta del edificio? Negativo de nuevo: muchos de ellos trabajan en la primera o la segunda, estratégicamente situados cerca de la salida, lo cual en determinados momentos de la legislatura resulta una ventaja nada desdeñable.
 
Pocas veces la Administración ha sido tan transparente sin darse cuenta.
 
Agotadas las hipótesis inocentes, la respuesta correcta resulta ser, como suele ocurrir con las grandes verdades, de una sencillez aplastante. «Alto» hace referencia a lo elevado de sus retribuciones: sueldos, complementos, dietas, coches oficiales con conductor, teléfonos de última generación, gastos de representación y algún que otro plus cuya denominación oficial requeriría un glosario propio. Y «cargo», en su segunda acepción, es exactamente lo que parece: todo ese generoso volumen de gasto va con «cargo» a las arcas públicas, que a su vez se nutren de los impuestos que pagan puntualmente los ciudadanos —esos mismos ciudadanos que, curiosamente, no son altos cargos.
 
Lo más fascinante del asunto es que la denominación, sin proponérselo, resulta ser de una honestidad lingüística admirable. «Altos cargos»: alto el sueldo, y a cargo de usted. Pocas veces la Administración ha sido tan transparente sin darse cuenta. Si a esto le añadimos los «altos vuelos» con que algunos de ellos afrontan sus viajes oficiales —en clase business, naturalmente, porque las turbulencias afectan más a quienes llevan la pesada carga de gobernar—, el cuadro queda completo.
 
Queda pendiente, eso sí, explicar por qué a quienes pagan todo eso se les llama simplemente «contribuyentes». Aunque, pensándolo bien, también esa palabra dice exactamente lo que hace falta: contribuir. Sin adjetivos. Sin «alto» delante. Con los pies en el suelo y la cartera abierta.
 

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