La limosna que esclaviza y fideliza

(AZprensa) Dar una limosna es un gesto humano, casi instintivo: vemos sufrimiento y queremos aliviarlo de inmediato. Es generosidad, es misericordia. Pero también es, con demasiada frecuencia, una trampa disfrazada de bondad. Porque la limosna no saca a nadie de la pobreza; solo la maquilla. Lo que verdaderamente dignifica y libera es el trabajo: un empleo estable, con un salario que permita planificar una vida, educar a los hijos y mirar al futuro sin miedo. El resto es caridad que, paradójicamente, puede convertirse en cadena.
 
España es hoy laboratorio vivo de esta contradicción. Durante la pandemia, el Gobierno de Pedro Sánchez impuso uno de los confinamientos más duros y prolongados de Europa. El resultado fue previsible: cientos de miles de negocios cerrados, millones de empleos destruidos y una pobreza que se disparó hasta niveles que no veíamos desde hacía décadas. En lugar de centrarse en reactivar la economía con urgencia, el Ejecutivo optó por la vía rápida: subvenciones, rentas y ayudas. Primero llegó el Ingreso Mínimo Vital (IMV) en mayo de 2020, presentado como “escudo social”. Después vinieron el complemento de ayuda a la infancia, el subsidio para mayores de 52 años, la nueva ayuda de 500 euros para ex-parados que agotan la prestación, y una cascada de bonos y cheques que no cesa.
 
A simple vista, todo parece admirable. Pero la realidad que viven los beneficiarios es bien distinta. Conseguir cualquiera de estas ayudas es un calvario burocrático que puede durar meses, incluso años. Una vez concedidas, la trampa se cierra: el beneficiario se enfrenta a un dilema cruel. ¿Renuncio a la ayuda segura (aunque sea de miseria) por aceptar un trabajo? La mayoría de ofertas laborales que aparecen son contratos temporales de tres, seis o nueve meses, con salario mínimo o poco más. Si aceptas, pierdes automáticamente la prestación. Cuando el contrato acaba –y en España siete de cada diez nuevos contratos son temporales–, te quedas sin nada. Y vuelta a empezar: nuevas colas virtuales, nuevos papeles, nuevas esperas de meses para que te reconozcan de nuevo el derecho.
 
¿Quién en su sano juicio arriesga la comida de sus hijos por cuatro o cinco meses de sueldo mínimo y la certeza de volver al limbo administrativo? Muy pocos. El resultado es devastador: miles de personas terminan acomodándose a vivir con 500, 600 o 700 euros al mes, sin buscar trabajo activamente, porque cualquier paso en falso les puede dejar peor que antes. La ayuda, que nació para ser puente, se convierte en prisión. Y la prisión, con el tiempo, genera dependencia y, lo que es peor, fidelidad política.
 
Porque mantener a cientos de miles de familias con esas cantidades cuesta relativamente poco al Estado. Basta con seguir subiendo impuestos a empresas, autónomos y clase media-alta, exprimir el IRPF de los que sí trabajan y seguir endeudando al país. El cálculo es cínico pero eficaz: por unos cientos de euros al mes compras silencio, gratitud y, sobre todo, votos. El beneficiario sabe perfectamente quién le da de comer. Y cuando lleguen las elecciones, la mayoría recordará la mano que le alimentó, no la que le negó un futuro.
 
Esto no es asistencia social; es clientelismo del siglo XXI. Es la versión moderna del “pan y circo”, solo que ahora el pan llega por transferencia bancaria y el circo son las promesas de más y más ayudas. Mientras tanto, la economía real se asfixia: las empresas, ahogadas en cotizaciones y regulaciones, no crean empleo estable; los jóvenes emigran; los mayores de 45 años son descartados sin miramientos. Y el Gobierno celebra récord histórico de afiliados a la Seguridad Social… sin mencionar que gran parte de ese récord lo firman empleos públicos y contratos basura.
 
La verdadera solidaridad no consiste en mantener a la gente en la cuneta con una manta. Consiste en levantar la cuneta, asfaltar la carretera y darles un vehículo para que circulen por sí mismos. Eso requiere menos propaganda y más reformas valientes: bajar impuestos a quien crea empleo, flexibilizar el mercado laboral sin precarizarlo, simplificar la burocracia que ahoga a pymes y autónomos, y apostar de verdad por la formación y la industria.
 
Mientras sigamos confundiendo caridad con justicia, seguiremos teniendo pobres agradecidos en lugar de ciudadanos libres. Y el país, en vez de avanzar, seguirá atado a la limosna que esclaviza y, sobre todo, fideliza al que la reparte.
 

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El ingreso mínimo vital sigue sin llegar a la mayoría de solicitantes

(AZprensa) Dieciocho meses después, es decir, año y medio después de anunciar a bombo y platillo que el Gobierno iba a conceder una ayuda a los más necesitados consistente en una paga mensual (aunque sin determinar por cuánto tiempo) la web de Moncloa anuncia que la paga de septiembre (hasta en esto van con retraso) la van a recibir 203.000 personas.
 
Hay que seguir leyendo para conocer que esta ayuda la solicitaron 1.450.000 personas por lo que comprobamos cómo año y medio después sólo reciben esa ayuda el 23 por ciento de los solicitantes. Y para quien crea que muchas de esas peticiones estaban fuera de lugar, la propia web de Moncloa informa que el 94% de las solicitudes eran válidas, es decir, si no se les ha pagado ha sido por incompetencia de la Administración Pública encargada de esto.
 
Para aparentar éxito, destacan el número de personas que se están beneficiando de esa ayuda, es decir, el número de personas que dependen de cada uno de los solicitantes, pero no destacan la cifra de solicitantes a quienes aún no se ha concedido aunque su petición fuese válida.
 
Y es que es muy fácil hablar y presumir, pero la palabrería no da de comer; en esta vida, como en todo, lo que cuenta son los hechos, no las palabras.
 

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La creciente pobreza amenaza la salud

(El Inefable) Científicos de la Universidad de Oviedo han comparado el consumo de los principales grupos de alimentos y han determinado que las personas con menos recursos ingieren una cantidad significativamente menor de productos básicos en una dieta saludable. En consecuencia se sitúa a estos colectivos más desfavorecidos como más propensos a sufrir patologías crónicas. El 88% de estas personas sufre sobrepeso u obesidad. Según los investigadores, estos resultados “ponen de manifiesto la importancia de efectuar una intervención nutricional”.

Los datos obtenidos en la muestra fueron comparados con los procedentes de un grupo control formado por 35 personas de nivel socioeconómico medio-alto, de la misma edad y con la misma distribución de sexos. En torno al 60% de los sujetos del primer grupo declaró encontrarse en situación de desempleo en el momento de la primera entrevista.

Dentro de los parámetros sanguíneos evaluados “se ha detectado que un 75% de las personas en situación de privación material presentaban riesgo moderado-alto para la salud, frente al 32% del grupo con más recursos”, según ha declarado la investigadora del CSIC Nuria Salazar. Las diferencias surgen sobre todo en la calidad de las grasas consumidas, que, aunque están dentro de los valores recomendados, son mejorables en el caso del grupo con menos recursos.