Camino de la dictadura

(AZprensa) En una democracia que se precie, el poder no debería ser un fin en sí mismo, sino un medio para servir al bien común. Pero en España, bajo el mandato de Pedro Sánchez, el horizonte parece haberse reducido a una obsesión patológica: aferrarse al cargo a toda costa y someter todos los resortes del Estado a su voluntad. No es una exageración; es una constatación basada en hechos que, día a día, erosionan las bases de nuestra convivencia democrática. Sánchez no gobierna para los españoles; gobierna para sí mismo, y en ese afán, está pavimentando un sendero que huele a autoritarismo puro y duro.
 
El Ejército y la Judicatura, pilares de cualquier Estado de derecho, no escapan a esta estrategia de control. En los últimos años, hemos visto cómo el Gobierno ha intentado influir en nombramientos clave en las Fuerzas Armadas, promoviendo lealtades ideológicas por encima del mérito profesional, mientras que en el ámbito judicial, las reformas impulsadas por Sánchez –como la controvertida renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ)– buscan domesticar a los jueces, convirtiéndolos en meros ejecutores de la agenda política. La Comisión Europea ya ha alertado repetidamente sobre estas injerencias, pero en La Moncloa parecen sordos a todo lo que no sea el eco de su propia voz. Es un asalto silencioso al pluralismo, donde el control del Estado no es un accidente, sino el objetivo.
 
Y si alguien dudaba de los motivos detrás de esta colonización institucional, bastan los casos de corrupción que salpican al entorno más íntimo de Sánchez para disipar las dudas. Hablamos de un otoño negro para el PSOE, con investigaciones que han entrado en su fase más crítica y que apuntan directamente a su círculo cercano.

Begoña Gómez, su esposa, enfrenta acusaciones de tráfico de influencias; su hermano David Sánchez, procesado por enchufismo en la Diputación de Badajoz; y el caso Koldo, esa trama de comisiones ilegales en contratos de mascarillas durante la pandemia, que ha metido en prisión a exministros como José Luis Ábalos y al hasta hace poco secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán.

No son meras calumnias de la oposición; son indicios graves que la Justicia ha validado con autos de procesamiento y que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha documentado con informes demoledores.

Antecedentes como los indultos a los líderes del procés independentista en 2021 ya nos dieron una pista clara: Sánchez usa el poder como escudo personal. Aquellos perdones no fueron un gesto de reconciliación nacional, sino una transacción política para mantenerse en el sillón. Hoy, con sus allegados en el banquillo, la jugada es obvia: si se prolonga en el Gobierno hasta que caigan las sentencias, tendrá en su mano la prerrogativa de indultarlos, como hizo con los golpistas. Es una carta marcada en la manga, un cálculo cínico que convierte la Justicia en un instrumento de impunidad selectiva.
 
Pero el control va más allá. Colonizando las instituciones, Sánchez asegura que estas no se vuelvan contra él. Cada nombramiento afín, cada reforma que debilita la independencia, hace más remoto el riesgo de que el sistema le devuelva el golpe. Y ahí entra el episodio más revelador: las supuestas revelaciones a la cúpula de la UCO. Informes recientes de esta unidad de la Guardia Civil sugieren que Sánchez, a través de intermediarios como Cerdán, filtró información sensible sobre las investigaciones en curso, con la esperanza –o la exigencia– de que las pesquisas sobre la corrupción en su entorno fueran más "benévolas".

Grabaciones de Koldo García lo confirman: el presidente estaba al tanto de las diligencias y, según las versiones de los implicados, movió hilos para proteger a los suyos. No es una conspiración; es un patrón de interferencia que huele a obstrucción a la Justicia. En este contexto, no sorprende que Santiago Abascal, presidente de Vox, haya lanzado una advertencia que, por desgracia, resuena con acierto. "La mafia está dispuesta a todo, incluso a alterar el resultado electoral", ha dicho recientemente, refiriéndose a las elecciones generales de 2027, que Sánchez agotará hasta la extenuación legislativa. Abascal urge a convocar comicios ya, porque "cuanto más tiempo pase, menos garantías habrá de que sean limpias y democráticas".
No es alarmismo; es un eco de lo que hemos visto en países del Tercer Mundo, donde dictaduras incipientes acaparan el poder manipulando urnas, controlando medios y domesticando instituciones. Sánchez, con su "modelo Maduro" en mente –como él mismo ha insinuado en privado–, podría estar tentado de seguir el guion: un "pucherazo" sutil, con cambios en la ley electoral o presiones a la Junta Electoral, para perpetuarse.
 
Criticar esto no es ser "de derechas" ni caer en la polarización; es defender la democracia frente a su erosión. Sánchez ha transformado el Gobierno en un feudo personal, donde la lealtad al líder prima sobre todas las cosas. Ha obviado escándalos, ha minimizado informes de la UCO y ha respondido a las dimisiones con planes anticorrupción que suenan a maquillaje.

Pero el cáncer está en el núcleo: un presidente que prioriza su supervivencia sobre la transparencia. España merece algo mejor. Merece un líder que no vea el Estado como botín de guerra, sino como servicio público. Si no paramos esta deriva, el camino de la dictadura no será una metáfora; será nuestra realidad. Y entonces, no valdrán excusas. Habrá que asumir que el silencio ante el abuso es complicidad.
 

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