La doble vara de medir del PSOE

(AZprensa) En el ajedrez político español, Pedro Sánchez mueve piezas con la precisión de un gran maestro, pero cuando el tablero judicial se tuerce, el guion cambia drásticamente. La reciente condena del Tribunal Supremo al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz –nombrado a dedo por el propio Gobierno–, ha desatado una tormenta de críticas desde Moncloa y Ferraz. "Golpismo judicial", "jueces que hacen política" y hasta "preparando el terreno para un enfrentamiento civil". Palabras gruesas que, sin embargo, contrastan con el manso "hay que respetar el trabajo de los jueces" que recitan los socialistas cuando una sentencia les favorece. ¿Es esto coherencia o hipocresía selectiva? Fuentes del PP lo llaman "doble rasero", y no son los únicos.
 
El detonante: la condena que escuece en La Moncloa
 
Todo estalló el pasado 20 de noviembre, cuando la Sala de lo Penal del Supremo inhabilitó por dos años a García Ortiz por revelación de secretos. El delito: filtrar información sensible sobre el novio de Isabel Díaz Ayuso en un intento de desviar la atención de presuntos casos de corrupción en Madrid. Sánchez, que designó al fiscal en 2022, no tardó en salir al ruedo. "Lamento esta decisión, pero confío en su inocencia", declaró el presidente, mientras sus ministros afinaban el argumentario: "Es una vergüenza", tuiteó Patxi López, portavoz del PSOE en el Congreso, quien acató la sentencia a regañadientes pero la tildó de "intolerable".
Desde Sumar, Yolanda Díaz –socia clave en la coalición de Gobierno– fue más allá: "Un sector del poder judicial quiere tumbar al Gobierno. Esto supone un gigantesco descrédito para el Poder Judicial".
Ione Belarra, de Podemos, no se cortó: "Puro golpismo judicial para tapar la corrupción de Ayuso".
Incluso Lina Gálvez, eurodiputada socialista, alertó de un "enfrentamiento civil" en el horizonte.
El PP, desde la oposición, no ha perdido ocasión de fustigar esta ofensiva. "Sánchez busca un relato para deslegitimar a los jueces ante el futuro oscuro de su partido y su familia", acusó Ester Muñoz, portavoz popular en el Congreso, recordando que los mismos magistrados que ahora son "fascistas" condenaron antes a Iñaki Urdangarin o al PP en Gürtel.
Carmen Fúnez, vicesecretaria del PP, exigió elecciones: "Están cruzando una línea peligrosa al atacar al Supremo".

Cuando el martillo judicial golpea a favor: silencio o aplauso
 
Pero retrocedamos. Esta no es una novedad en el repertorio sanchista. En septiembre de 2024, Sánchez irrumpió en TVE con una perla: "Hay jueces haciendo política y políticos haciendo justicia", en alusión a las investigaciones sobre su esposa, Begoña Gómez, y su hermano David.
Las asociaciones judiciales, unánimes, le replicaron: "Demuestra el poco respeto al Estado de Derecho", clamó la Asociación Profesional de la Magistratura (APM).
Pilar Alegría, portavoz del Gobierno, defendió al jefe: "No pasa nada por decir las cosas por su nombre".
Sin embargo, cuando las tornas cambian, el tono es otro. Recordemos la sentencia del Supremo en 2023 sobre la 'trama Koldo', que salpicó al exministro José Luis Ábalos, pero también permitió al PSOE deslindar responsabilidades. "Respetamos el trabajo de los jueces", fue la respuesta oficial de Ferraz, sin un ápice de cuestionamiento.
O el caso de los ERE en Andalucía: cuando el Tribunal de Cuentas condenó al PSOE por malversación en 2024, pero con una multa "manejable", Moncloa celebró "el fin de una persecución política" y elogió la "imparcialidad judicial".
 
Y qué decir de la amnistía a los independentistas catalanes, aprobada en 2023 pese a las advertencias de jueces y fiscales. "El Parlamento no revisará sentencias", aseguró el PSOE en un comunicado para calmar ánimos.
Pero cuando el Constitucional avaló partes de la ley en 2024, Sánchez la presentó como "victoria de la democracia", sin mención a los "jueces golpistas" que tanto critican sus socios.
Una estrategia que une a la izquierda... y divide al país
 
Expertos consultados por EFE ven en esto una táctica deliberada. "El Gobierno usa el 'lawfare' como escudo cuando les toca, pero invoca la separación de poderes como espada cuando les conviene", explica el catedrático de Derecho Constitucional Javier Pérez Royo, quien añade: "Es el clásico doble rasero que erosiona la confianza en las instituciones".
Desde el independentismo, Junts –aliados puntuales del PSOE– ironiza: "La Justicia es justa solo cuando no les afecta", tuiteó Míriam Nogueras tras la condena a García Ortiz.
¿Hacia un choque institucional irreversible?
 
El fiscal general ha dimitido, pero Sánchez ya ha anunciado a Teresa Peramato como relevo, un perfil "progresista" que ha levantado suspicacias en el PP.
Mientras, el Gobierno impulsa reformas como la "ley mordaza" a la acusación popular –para blindar causas como la de Begoña Gómez– y medidas para recusar jueces "políticos".
Asociaciones como Jueces y Juezas para la Democracia, de corte progresista, admiten la "instrumentalización" en algunos procedimientos, pero piden mesura.
El Supremo, por su parte, guarda silencio, pero el malestar es palpable: "Estamos ante el mayor ataque a la independencia judicial en democracia", advierten desde la APM.
En este tira y afloja, la pregunta flota en el aire: ¿hasta dónde llegará la confrontación? Para Alberto Núñez Feijóo, líder del PP, "Sánchez es un peligro para España" por descalificar a los jueces que investigan a los suyos.
España, tierra de contrastes, suma otro: la vara de medir que se dobla según sople el viento político. Y mientras tanto, los jueces siguen dictando sentencias, ajenos –o no tanto– al ruido.
 

Vicente Fisac es periodista y escritor. 

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