Hay pocas
escenas tan recurrentes en la era moderna como la del político, el cargo
público o la celebridad de turno que, creyendo que el foco ya se ha apagado o
que el micrófono del atril está apagado, le suelta un jugoso chascarrillo al
compañero de mesa, respira aliviado... y descubre al día siguiente que media
España lo está diseccionando en los telediarios.
(AZprensa) Todos asistimos
casi a diario a este tipo de escenas y el guion posterior nunca varía: se
desata el escándalo, llueven las peticiones de dimisión, las redes sociales
arden con indignación selectiva y el protagonista intenta apagar el incendio
balbuceando que se trataba de una conversación estrictamente privada.
Y
aquí es donde conviene parar la pelota y hacernos una pregunta incómoda pero
necesaria: ¿quién es el verdadero infractor en esta historia? ¿El que expresa
una opinión sin filtros en el calor de la intimidad, o el que la airea
públicamente vulnerando la más elemental buena fe?
La frontera
sagrada entre lo público y lo privado
Lo
primero que deberíamos admitir —sin hipocresías ni carantoñas morales— es que
todos opinamos, bromeamos y disparamos ocurrencias en privado que jamás
diríamos en un estrado oficial. El ser humano no es un autómata institucional
las veinticuatro horas del día. Un político, un artista o un deportista de
élite tienen todo el derecho del mundo a tener filias, fobias, prejuicios
inofensivos y opiniones pedestres cuando bajan la persiana de su casa o
comparten coche con un colaborador de confianza.
Exigir
que la vida interior de un personaje público sea una balsa de corrección
política perpetua las veinticuatro horas del día no es buscar la ejemplaridad
democrática; es exigir la lobotomía.
Por
eso, cuando se filtra un audio de estas características, se cometen dos errores
de bulto:
La falacia de la
equivalencia institucional: Juzgar una confidencia de barra de bar o de asiento
de coche con el mismo rasero ético con el que se evalúa un discurso oficial en
el Parlamento. Una cosa es lo que un representante público emite de cara a la
ciudadanía para gobernar o legislar, y otra muy distinta el repertorio de
pensamientos humanos que bullen en su cabeza cuando se quita el traje de faena.
El doble rasero
de la indignación:
Nos rasgamos las vestiduras con las manos en la cabeza fingiendo sorpresa al
descubrir que los políticos o los famosos tienen opiniones privadas que no
siempre coinciden con lo políticamente correcto. Nos olvidamos de que nosotros
mismos, en la intimidad de nuestras cena familiares o de nuestros chats de
amigos, cruzamos líneas dialécticas infinitamente más polémicas cada fin de
semana.
El verdadero
culpable tiene nombre: la traición a la confianza
Si
analizamos con rigor el fondo de la cuestión, el foco no debería ponerse sobre
el contenido de la confidencia —salvo que, lógicamente, constituya un delito
penal, que es harina de otro costal—, sino sobre la ruptura de los códigos
básicos de la confidencialidad.
Quien
graba furtivamente, quien difunde un audio descontextualizado o quien aprovecha
un despiste técnico para dinamitar una charla de confianza está vulnerando un
principio sagrado de la convivencia: la privacidad de la palabra hablada. Es la
versión moderna del confidente desleal que rompe un pacto tácito.
El derecho a
pensar (y a patinar) en zapatillas
Los
micrófonos abiertos seguirán existiendo mientras haya tecnología dispuesta a
captarlos y periodistas o intermediarios dispuestos a rentabilizar el clic fácil.
Pero como sociedad haríamos bien en madurar nuestra relación con el cotilleo
político.
Exijamos
rigor, honradez y eficacia a nuestros representantes públicos cuando están
gobernando nuestras vidas y gestionando nuestros impuestos. Pero dejemos de buscar
fantasmas morales donde solo hay seres humanos charlando en zapatillas. Al fin
y al cabo, si el criterio para elegir a nuestros líderes fuera que nunca jamás
digan una tontería en la intimidad, lo único que conseguiríamos es gobernar un
planeta compuesto exclusivamente de androides... y aun así, seguro que alguno
saldría rana.
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