(AZprensa) El Colegio de
Farmacéuticos de Madrid ha ofrecido su colaboración a las Fuerzas de Seguridad
del Estado para identificar las farmacias madrileñas que exportan medicamentos
e impedir que continúen con esta práctica. Según el presidente del Colegio de
Farmacéuticos, Luis González Díez, estas exportaciones por parte de algunas oficinas de farmacia no sólo es ilegal con
arreglo a la normativa sanitaria, sino que además “debe ser tipificada como un
delito”, por lo que solicita se actúe “con rapidez y contundencia contra sus
responsables, porque no podemos permitir que la actuación de unos pocos mine el
prestigio profesional, el buen hacer de todo un colectivo y la confianza
depositada por la sociedad en la farmacia española”.
Las exportaciones de medicamentos a otros países por parte de farmacias
no son nada nuevo, sino todo lo contrario. Se trata de una práctica que se
viene haciendo desde hace varias décadas y no sólo por parte de muchas
farmacias sino también por parte de muchos mayoristas. Su origen está en la
abismal diferencia de precios existente entre los medicamentos que se venden en
España (de los más baratos de Europa) y el precio de estos mismos medicamentos
en otros países. Así, por ejemplo, un fármaco que en España apenas supera los
dos euros, puede tener en otros países europeos un precio de más de diez euros;
y no digamos el caso de un medicamento que en España cueste unos 50 euros, el
cual puede pasar de los 100 euros en otros países. Así, pues, a intermediarios
de centro y norte de Europa, les sale más a cuenta comprar en España dichos
fármacos que comprarlos en su propio país.
Realmente quien pierde con esta práctica son los laboratorios
productores de dichos medicamentos, puesto que en vez de vender en centro y
norte de Europa al precio de aquellos países, resulta que los abastece a precio
de saldo español.
Sencillamente,
si los precios de los medicamentos en España fuesen similares a los que tienen
en el resto de Europa, a nadie se le ocurriría (no le resultaría rentable)
hacer estas exportaciones. Ahora bien, si las Autoridades Sanitarias españolas
autorizasen a los laboratorios unos precios “europeos” a los medicamentos que
se venden en España, pero comprase a precio “español” los medicamentos que
fuese a dispensar en la Sanidad pública, estableciendo las medidas necesarias
para asegurar que dichos medicamentos eran destinados a tal fin, se hubiera
evitado igualmente esta práctica.
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