(AZprensa)
En los últimos años, el gobierno de Pedro Sánchez ha implementado una serie de
regulaciones destinadas a combatir la resistencia a los antibióticos, un
problema global de salud pública que afecta tanto a humanos como a animales.
Sin embargo, una de estas medidas, que afecta directamente a los veterinarios y
a los dueños de mascotas y ganado, ha sido recibida con incredulidad y críticas
por su falta de sentido práctico y sus consecuencias potencialmente
desastrosas. Esta ley, que prohíbe a los veterinarios recetar antibióticos
basándose únicamente en su experiencia profesional y les obliga a realizar un cultivo
previo para determinar el tratamiento, está generando un impacto negativo en la
salud animal, el bienestar de los dueños y la lógica misma de la profesión
veterinaria.
El
Cultivo Obligatorio: Un requisito impracticable
Históricamente,
los veterinarios han utilizado su formación y conocimientos para diagnosticar y
tratar infecciones bacterianas en animales, recetando antibióticos cuando lo
consideraban necesario. Ahora, la nueva normativa exige que, antes de
prescribir cualquier antibiótico, se realice un cultivo bacteriano y un
antibiograma para identificar el microorganismo causante y su sensibilidad a
los fármacos. Aunque esta medida puede parecer razonable en teoría para reducir
el uso indebido de antibióticos, en la práctica es un disparate.
El
proceso de realizar un cultivo implica recolectar una muestra, enviarla a un
laboratorio, esperar los resultados —que pueden tardar entre 5 y 10 días,
dependiendo de la disponibilidad del laboratorio— y solo entonces recetar el
medicamento adecuado. En un contexto de enfermedad aguda, como una infección
respiratoria o una sepsis en un animal, este retraso puede ser fatal. Una
semana de espera significa que el animal enfermo puede morir, ver su estado
agravado o, en el mejor de los casos, curarse por sí solo si su sistema
inmunológico logra combatir la infección. En cualquier escenario, el cultivo
obligatorio convierte el tratamiento en una carrera contra el tiempo que los
veterinarios y los animales suelen perder.
Además,
este requisito añade un coste significativo. Los análisis de laboratorio no son
baratos, y el precio recae directamente en los dueños de las mascotas o los
ganaderos, quienes ya enfrentan gastos veterinarios considerables. Para muchos,
especialmente en áreas rurales o con recursos limitados, este sobrecoste puede
ser prohibitivo, llevándolos a retrasar el tratamiento o a no buscarlo en
absoluto.
Del
Consultorio a la Farmacia: Un derroche forzado
Otro
aspecto absurdo de esta ley es la prohibición de que los veterinarios almacenen
y dispensen antibióticos directamente a sus pacientes, algo que hasta ahora era
una práctica común y eficiente. Anteriormente, un veterinario podía
proporcionar la dosis exacta necesaria para el tratamiento, ajustada al peso y
la condición del animal, asegurando un uso responsable y minimizando el
desperdicio. Sin embargo, ahora los dueños deben acudir a una farmacia con una
receta para adquirir los antibióticos.
El
problema radica en que las farmacias no venden dosis personalizadas, sino
envases comerciales diseñados para humanos o, en algunos casos, para animales,
pero siempre en cantidades que exceden lo necesario para un tratamiento
concreto. Por ejemplo, un perro con una infección leve que requiera cinco días
de antibióticos puede terminar con un envase de 20 o 30 comprimidos. Esto no
solo incrementa el gasto para el dueño —que paga por medicamento que no usará—,
sino que también genera un excedente peligroso. ¿Qué sucede con esas pastillas
sobrantes? En muchos hogares, quedan olvidadas en un cajón, aumentando el riesgo
de automedicación futura o uso indebido en otros animales sin supervisión
profesional, lo que precisamente fomenta la resistencia bacteriana que la ley
pretende evitar.
Un
Golpe a la Profesión Veterinaria y al Sentido Común
Esta
normativa no solo pone en jaque la salud de los animales y la economía de sus
dueños, sino que también desprestigia la capacidad de los veterinarios como
profesionales cualificados. Obligarlos a depender de un cultivo en lugar de
confiar en su diagnóstico clínico es como pedirle a un médico que no trate una
neumonía hasta tener resultados de laboratorio, algo impensable en medicina
humana en casos urgentes. Los veterinarios, con años de formación y
experiencia, están perfectamente capacitados para identificar infecciones y
elegir tratamientos efectivos basados en síntomas, historial y patrones locales
de resistencia.
Además,
la ley ignora las diferencias entre la medicina veterinaria y la humana. En
ganadería, por ejemplo, esperar una semana para tratar una infección en un
rebaño puede significar pérdidas económicas devastadoras. En mascotas, el
sufrimiento innecesario de un animal querido es un costo emocional que ningún
dueño debería pagar por una norma mal diseñada.
La
implantación de esta Ley demuestra una desconexión total con la realidad de la
veterinaria y las necesidades de los animales y sus cuidadores. El requisito
del cultivo previo introduce demoras fatales y costos innecesarios, mientras
que la obligación de comprar antibióticos en farmacias fomenta el derroche y el
mal uso de los excedentes. En lugar de proteger la salud pública, esta ley pone
en riesgo la salud animal, castiga económicamente a los dueños y despoja a los
veterinarios de su autonomía profesional.
Urge
una revisión de esta normativa para encontrar un equilibrio entre el control de
los antibióticos y la practicidad del tratamiento veterinario. Mientras tanto,
los animales y sus dueños seguirán pagando el precio de una ley que, en su afán
de solucionar un problema, ha creado otro aún mayor.
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