Un desfibrilador al alcance de la mano… pero no es igual en todas partes

(AZprensa) Según datos de 2018, en España hay un total de 23.000 desfibriladores instalados fuera del ámbito sanitario, lo que supone la existencia de cinco desfibriladores por cada 10.000 ciudadanos. Un ratio que se sitúa muy por debajo de países como Estados Unidos, Francia o Japón.

Al descender al ámbito de las comunidades autónomas, esta relación ofrece grandes diferencias, entre ellas, las más notables son las que se producen entre Madrid y La Rioja. Así, mientras que en Madrid hay un desfibrilador por cada 1.000 personas, en La Rioja hay uno de estos equipos cada 10.000 ciudadanos.

Según estos datos, Madrid es la Comunidad Autónoma mejor cardioprotegida, con 1 desfibrilador cada 753 ciudadanos, seguida de Extremadura ( 1 cada 1.102),  País Vasco (1 cada 1.259), Navarra (1 cada 1.343), Cantabria (1 cada 1.937), Galicia (1 cada 2.066), Baleares (1 cada 2.301), Murcia (1 cada 2.414), Aragón (1 cada 2.669), Valencia (1 cada 2.842), Castilla y León (1 cada 3.050), Cataluña (1 cada 3.180), Castilla La Mancha (1 cada 3.752), Melilla (1 cada 3.818), Canarias (1 cada 4.200), Andalucía (1 cada 4.400), Asturias (1 cada 4.878), Ceuta (1 cada 5.250) y La Rioja (1 cada 10.400).

“A pesar de que todavía nos situamos lejos de los países más avanzados -explica Nuño Azcona, director general de B+Safe- en los últimos años la situación ha mejorado exponencialmente. Poco a poco las comunidades autónomas han ido regulando la obligación de instalar desfibriladores en espacios públicos como centros comerciales, estaciones, aeropuertos, empresas, colegios, polideportivos, dependencias públicas… que han permitido aumentar el mapa de espacios cardioprotegidos”.

Esta obligatoriedad se complementa con multitud de iniciativas privadas que están promoviendo la instalación de desfibriladores también en aquellos espacios donde no se obliga por ley “porque han entendido -añade Azcona- que la disponibilidad de un desfibrilador ofrece un valor añadido a sus cliente y usuarios, dándoles una seguridad añadida en caso de que se produzca un accidente cardiaco”.

El gran número de muertes por paro cardíaco en la población ha animado a gobiernos, empresas, entidades y asociaciones a concienciar a la población y tomar medidas que permitan revertir la situación gracias a la creación de zonas o espacios cardioprotegidos.

Estas zonas cuentan con, al menos, un desfibrilador, con mantenimiento garantizado y con personas adecuadamente formadas para poder garantizar una rápida actuación en caso de paro cardíaco repentino (para conseguir que vuelva a latir el corazón de la persona afectada), hasta la llegada de los servicios médicos de emergencia.

Para que las posibilidades de supervivencia ante un paro cardíaco repentino sean óptimas, se debe realizar de forma inmediata una resucitación cardiopulmonar (RCP) que permita mantener el flujo necesario de sangre oxigenada al cerebro hasta que se restablezca el ritmo cardíaco normal mediante la descarga eléctrica suministrada por un desfibrilador.  El tiempo máximo para aplicar la desfibrilación a una persona que ha sufrido un paro cardiaco repentino es de un máximo de 5 minutos.

Hay identificados cuatro pasos críticos para tratar el paro cardíaco repentino, denominados

Cadena de Supervivencia:

1.- Reconocimiento y llamada al servicio de emergencia.

2.- Una rápida resucitación cardiopulmonar (RCP).

3.- Desfibrilación temprana.

4.- SVA y cuidados post-resucitación