domingo, 15 de junio de 2025

El Gobierno corrupto que no quiere irse

(AZprensa) En la España de 2025, la corrupción política se ha convertido en una sombra persistente que amenaza la confianza ciudadana en las instituciones democráticas. El actual Gobierno, liderado por Pedro Sánchez, se encuentra en una posición precaria: gobernando en minoría, dependiendo de pactos con partidos minoritarios y nacionalistas, y enfrentado a una serie de escándalos que han sacudido la opinión pública. A pesar de ello, la dimisión, una práctica habitual en otras democracias avanzadas, parece ser un concepto ajeno en el panorama político español.
 
Un Gobierno en minoría bajo presión
 
Desde que asumió el poder en 2018 tras una moción de censura contra Mariano Rajoy, Pedro Sánchez ha demostrado ser un político resiliente, capaz de navegar en un escenario político fragmentado. Su Gobierno, una coalición entre el PSOE y Sumar, depende de apoyos externos de partidos como ERC, Junts, PNV y EH Bildu para mantenerse en pie. Esta fragilidad parlamentaria, lejos de debilitar al Ejecutivo, parece haberlo fortalecido en su determinación de aferrarse al poder, incluso frente a acusaciones de corrupción que afectan a figuras clave de su entorno.
Según un estudio de la Fundación BBVA publicado en 2025, los españoles otorgan al Gobierno una nota de 3,5 sobre 10, mientras que los políticos en general apenas alcanzan un 2,6, reflejando un profundo desencanto ciudadano. La percepción de que el Ejecutivo está más preocupado por su supervivencia que por abordar los problemas reales del país se ve agravada por los escándalos que han dominado los titulares en los últimos años.

Escándalos que erosionan la confianza
 
El caso más emblemático de corrupción reciente es el caso Koldo, que involucra a Koldo García, exasesor del exministro de Transportes José Luis Ábalos. Este caso, que implica presuntas comisiones millonarias y tráfico de influencias, ha salpicado a varios ministerios y gobiernos autonómicos, generando una oleada de críticas. A pesar de las investigaciones en curso, ni Ábalos ni otros altos cargos han asumido responsabilidades políticas mediante dimisiones, optando en cambio por estrategias de negación poco creíbles.

Otro caso que ha generado controversia es el de Begoña Gómez, esposa del presidente Sánchez, investigada por presunto tráfico de influencias. La falta de transparencia y la negativa a dar explicaciones claras han alimentado las sospechas y a esto se suma el caso de Leire Díez, exmilitante del PSOE implicada en audios filtrados que sugieren intentos de desacreditar a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, encargada de investigar casos de corrupción que afectan al PSOE, a varios de sus ministros y a familiares del presidente.

El Índice de Percepción de la Corrupción de Transparencia Internacional refleja esta crisis: en 2024, España cayó al puesto 46, con una puntuación de 56/100, la peor desde los tiempos de Felipe González. Este retroceso se atribuye no solo a los escándalos, sino también a la falta de una estrategia clara contra la corrupción y al debilitamiento de instituciones como el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

La “cultura” de la no dimisión
 
En democracias como Reino Unido, Alemania o los países nórdicos, la dimisión de un político implicado en un escándalo es una práctica común, vista como un gesto de responsabilidad y respeto hacia la ciudadanía. En España, sin embargo, esta tradición está prácticamente ausente. Los escándalos que en otros países provocarían dimisiones inmediatas son en España "normalizados", con los implicados aferrándose a sus cargos mientras culpan a la oposición o a los medios de comunicación de fabricar una "máquina del fango".

Esta resistencia a dimitir se explica en parte por el sistema político español, descrito por algunos analistas como una "partitocracia" donde la lealtad al partido prevalece sobre la rendición de cuentas. Según Guillermo Gortázar, la falta de democracia interna en los partidos y la dependencia de los cargos de sus líderes fomentan un entorno donde los subordinados prefieren el silencio cómplice antes que denunciar irregularidades, perpetuando así la corrupción. En este contexto, el Gobierno de Sánchez ha optado por una estrategia de confrontación, acusando al PP de utilizar las acusaciones de corrupción como arma política, mientras minimiza o desvía la atención de los casos que lo afectan directamente.

La oposición y la crispación política
 
El Partido Popular (PP), liderado por Alberto Núñez Feijóo, ha capitalizado los escándalos para atacar al Gobierno, calificándolo como el responsable del "mayor aluvión de corrupción que ha vivido la democracia". Sin embargo, el PP no está exento de críticas: el partido ha sido protagonista de algunos de los mayores escándalos de corrupción en la historia reciente de España, como el caso Gürtel, que llevó a la caída de Rajoy en 2018. Esta hipocresía mutua entre los dos grandes partidos alimenta una polarización que, según los expertos, desvía la atención de soluciones reales al problema de la corrupción.

Feijóo ha convocado manifestaciones contra el Gobierno, pero se ha abstenido de presentar una moción de censura, consciente de que no cuenta con los apoyos suficientes en un Congreso fragmentado. Así, mientras el PSOE y el PP se acusan mutuamente de ser los "más corruptos", los ciudadanos perciben que la corrupción es un problema sistémico que trasciende los colores políticos. Según el barómetro del CIS de marzo de 2024, la corrupción y el fraude son la sexta mayor preocupación de los españoles, un aumento significativo respecto al mes anterior, impulsado por la cobertura mediática de casos como el de Koldo.

Mientras España no aborde de manera decidida las causas profundas de este problema, el país seguirá atrapado en un ciclo de escándalos que debilitan la democracia. La pregunta que queda es cuánto tiempo podrá sostenerse un Gobierno que está más preocupado por aferrarse al poder y controlar todas las instituciones que por gobernar con integridad.
 
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