Este artículo lo escribí en 2010 y me temo que, quince años
después, el diagnóstico no ha cambiado sustancialmente. Han variado las cifras,
se han añadido nuevas capas de complejidad, pero el mecanismo de fondo sigue
siendo el mismo. Y los laboratorios siguen siendo los malos de la película.
Aquí tienes, pues, este artículo actualizado a día de hoy.
(AZprensa)
Determinar el precio de un medicamento es una tarea extraordinariamente
complicada. Uno podría pensar que basta con calcular cuánto cuesta fabricarlo,
hacerlo llegar a los puntos de venta, añadir un margen razonable de beneficio y
listo. Pero el precio de las cosas no lo fija lo que «cuestan» sino lo que
«valen», y ese valor lo determina una cosa que se llama demanda. Un artículo
puede costar una fortuna, pero si nadie lo quiere no vale nada. Y un
medicamento puede salvar vidas, pero si el sistema que debe financiarlo decide
que no vale lo que cuesta, el paciente que lo necesitaba se queda esperando.
El coste invisible: la investigación
Cuando
un laboratorio quiere comercializar un fármaco, presenta el precio máximo que
considera viable para conseguir la cuota de mercado que haga rentable su
comercialización. Pero aquí hay un factor que no existe en casi ningún otro
sector con esta dimensión: la investigación.
Cuando
un medicamento llega al mercado ha dejado atrás entre diez y trece años de
investigación. En 2010 decía que ese proceso costaba más de 800 millones de
euros. Hoy las cifras son muy distintas: se precisan entre 10 y 13 años y una
inversión que los estudios más recientes sitúan en torno a los 2.500 millones
de euros por medicamento. El coste se ha triplicado en quince años. Y la tasa
de éxito no ha mejorado: solo tres de cada diez fármacos que llegan al mercado generarán
ingresos que superen los costes medios de I+D. El resto pierde dinero. Y
alguien tiene que financiar también esa pérdida.
El
retorno esperado de la inversión en nuevos medicamentos se sitúa actualmente en
apenas el 1,8%, el punto más bajo de la última década, mientras que el coste
medio de desarrollar y comercializar un nuevo medicamento ha aumentado cerca de
un 70% desde 2010. Dicho de otro modo: investigar medicamentos es cada vez más
caro y cada vez menos rentable. Y sin embargo, se sigue investigando, porque es
lo que hace la industria farmacéutica y porque sin esa investigación no habría
los avances médicos que hoy damos por descontados.
Nota: a todo esto hay que añadir que, una vez transcurridos
diez años desde el descubrimiento de la molécula —es decir, aproximadamente
cuando el fármaco lleva un tiempo en el mercado—, cualquier otro laboratorio
puede copiar el producto y ofertarlo a un precio muy inferior, sin haber
asumido ni un euro del coste de investigación ni del riesgo que esta conlleva.
El Gobierno como árbitro, comprador y regateador
El
laboratorio presenta su precio máximo. El Gobierno, que es quien debe aprobarlo
—dado que más del 90% de las ventas de medicamentos se canalizan a través de la
sanidad pública—, tiene que decidir si acepta ese precio o negocia uno
inferior. ¿Qué hace? Lo mismo que en 2010: busca cuál es el país europeo que ha
fijado el precio más bajo para ese mismo producto y declara: «ese es mi
precio». Sin estudiar la documentación presentada, sin considerar si el nivel
de vida de ese país de referencia tiene algo que ver con el nuestro, sin
valorar las horas de investigación que hay detrás de cada molécula.
Y
en 2025 esto se ha institucionalizado aún más. El Sistema de Precios de
Referencia, implantado en España hace dos décadas y consolidado en la Ley
29/2006, se mantiene como uno de los instrumentos más eficaces para el control
del gasto farmacéutico público. Cada año, el Ministerio de Sanidad publica una
Orden de Precios de Referencia que revisa a la baja los precios de miles de
presentaciones. La actualización de 2025 ha revisado 17.385 presentaciones
cuyos precios cambian para generar un ahorro estimado de 287,58 millones de
euros. Un ahorro que, desde el punto de vista del paciente y del erario, es una
buena noticia. Desde el punto de vista del laboratorio que financió la
investigación, es una vuelta de tuerca más en un proceso que no tiene fin.
«El Gobierno es comprador, árbitro y regulador al mismo tiempo. Y
cuando alguien acumula esos tres roles, el que sale perdiendo suele ser siempre
el mismo.»
El calvario de llegar al mercado español
La
consecuencia práctica de este sistema es que muchos laboratorios retrasan o
directamente renuncian al lanzamiento de sus fármacos en España. La negociación
con el Ministerio puede durar meses, y a veces años. Durante todo ese tiempo,
los pacientes de otros países acceden al tratamiento mientras los pacientes
españoles se conforman con alternativas más antiguas y menos eficaces. Cuando
el fármaco por fin se lanza aquí, el período de protección de patente —que en
teoría debería ser de diez años— se ha recortado sensiblemente. Y antes de que
ese período expire, el Gobierno habrá introducido una, dos o más medidas
adicionales de recorte que reducen todavía más los ingresos del laboratorio, ya
sea bajando directamente el precio del fármaco o estableciendo descuentos sobre
las ventas globales del laboratorio.
Al
final de ese período, llegan los genéricos y los biosimilares. En 2024, los
medicamentos genéricos han supuesto el 47,4% del total de envases facturados al
SNS, prácticamente el doble que en 2010. La marca original tiene entonces que
decidir entre seguir vendiendo a su precio con ventas en caída libre, o bajar
el precio para competir con quienes se ahorraron toda la investigación. No hay
tercera opción.
Una cosa es vender, otra muy distinta es cobrar
Pero
el calvario no termina ahí. Una cosa es vender y otra muy distinta es cobrar.
En 2010 describía situaciones en que la sanidad pública tardaba 300 días —o
incluso dos años— en pagar a los laboratorios. La morosidad de las
administraciones ha mejorado desde entonces, pero no ha desaparecido. En 2024,
el plazo medio de pago del sector público aumentó 12 días hasta los 67 días de
media, y por primera vez desde 2014 se situó por encima del sector privado.
Sesenta y siete días sigue siendo el doble del plazo legal de 30 días que las
propias administraciones imponen al sector privado. Un ejemplo de coherencia
difícil de superar.
La formación médica: otro coste invisible
Y
mientras todo esto ocurre, los médicos siguen necesitando formación continua
para estar a la altura de los avances terapéuticos. Su empleador —la sanidad
pública— no financia esa formación en la medida que sería necesaria. La
financia la industria farmacéutica, que por ese motivo recibe críticas
periódicas por su supuesta influencia sobre los prescriptores. Es decir: el
sector privado financia la formación de los profesionales del sector público, y
por ello se le critica. La lógica, como en tantas otras cosas de este sistema,
brilla por su ausencia.
Y
los malos siguen siendo los laboratorios
Después
de todo este recorrido —la investigación financiada durante más de una década,
el precio negociado a la baja, el lanzamiento retrasado, los sucesivos recortes,
la morosidad institucionalizada, la formación médica asumida voluntariamente—,
la opinión pública sigue teniendo de los laboratorios farmacéuticos la imagen
que tiene. Cualquier ciudadano valora positivamente los medicamentos que toma,
a los médicos que se los prescriben y, en general, al sistema sanitario que se
los financia. Pero ¿los laboratorios que los investigaron, los fabricaron y los
pusieron a su disposición? Mejor no entrar en ese tema.
Mientras
una parte siga aprovechándose de su posición dominante y la otra siga aceptando
resignada su papel de víctima, la situación no cambiará. Bueno, sí cambiará
algo: los laboratorios continuarán recortando inversiones en I+D, trasladando
sus centros de investigación a países con marcos regulatorios más favorables, y
reduciendo su presencia en un mercado que los trata como fuente de ahorro antes
que como socio estratégico del sistema sanitario. Y entonces nos preguntaremos,
sorprendidos, por qué los medicamentos del futuro tardan más en llegar, por qué
hay cada vez más problemas de desabastecimiento y por qué la innovación
terapéutica se desarrolla lejos de aquí.
La
respuesta la volveréis a encontrar aquí, en este artículo que escribí en 2010 y
que, al actualizarlo 15 años más tarde, no he tenido que cambiar casi nada.
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https://bibliotecafisac.blogspot.com/
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