(AZprensa)
Actualmente, según el Plan Estratégico para el Abordaje de la Hepatitis C, la
población penitenciaria es uno de los grupos prioritarios en España. Según los
datos aportados por el Dr. José Quiñonero, presidente de la Sociedad Española
de Sanidad Penitenciaria, a finales de 2017 se habían tratado alrededor de
2.360 pacientes afectados con hepatitis C en los centros dependientes de la
Administración General del Estado, pero aún quedan muchos pacientes por
diagnosticar. Según los datos aportados por este doctor, algunos estudios
estiman que con un 20% de tratamiento anual, una prevalencia de menos del 7% de
nuevos casos anuales y una viremia de estos del 50%, podría eliminarse la hepatitis
C en 2021 en muchos centros penitenciarios.
“Si
queremos eliminar la hepatitis C es necesario hacer una búsqueda activa de
casos en los centros penitenciarios y tratar a los pacientes. La prevalencia de
estas enfermedades ha descendido de forma sostenida en los últimos años gracias
a los programas de prevención y al tratamiento. Sin embargo, con el sistema
actual de detección de anticuerpos para el VIH, VHB, y VHC en las personas que
ingresan en prisión, dejamos de detectar un número importante de personas que
podrían estar infectadas sobre todo en centros de preventivos donde el número
de presos que entran diariamente es importante y su estancia puede ser muy
corta”, ha explicado.
Asimismo,
el Dr. Quiñonero ha explicado las ventajas de la implementación de test rápidos
como posible solución para los afectados con esta patología. Entre ellos ha
destacado el diagnóstico en un solo paso, que consiste en la investigación de
viremia (enfermedad causada por la entrada de virus en el torrente sanguíneo
desde donde se puede extender a todos los órganos) en todos los pacientes de
nuevo diagnóstico serológico que permite la disminución del tiempo de acceso al
tratamiento. “Diagnosticar en un solo paso y poder tener acceso a los nuevos
fármacos pangenotípicos, seguros y que tienen una eficacia superior al 95%,
acortaría la demora de inicio del tratamiento e impediría que pacientes
diagnosticados salieran en libertad sin ser tratados”, ha concluido.
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