Sanciones de la Inspección de Trabajo provocan el cierre de muchas clínicas sanitarias privadas

(AZprensa) Profesionales del sector sanitario se han reunido en el Colegio de Médicos de Madrid para denunciar lo que consideran una “persecución" por parte de las inspecciones de trabajo y de la Tesorería General de la Seguridad Social al considerarles “falsos autónomos". La Administración encuentra que son trabajadores por cuenta ajena los profesionales que están ejerciendo su actividad de manera autónoma o por cuenta propia. Esta situación genera una gran inseguridad jurídica; se enfrentan a largos y costosos procedimientos, que pueden tener un impacto significativo en la decisión de ejercer la profesión de forma independiente.
 
La vulnerabilidad jurídica en la que ejercen los profesionales del sector sanitario ha provocado incluso el cierre de numerosos centros y la reducción de sus plantillas. E incluso algunas de estas empresas han tenido que pagar cuantiosas sanciones de hasta un millón de euros debido a su liquidación o por infracciones, tanto a empresas como a personas físicas, lo que ha supuesto el embargo y la subasta de sus domicilios.
 
Juan Chozas Pedrero (Auren Abogados) ha explicado la razón: “Ha aumentado mucho el número de contratos en el sector, y eso a la Administración le parece anómalo, contratos de autónomos o de autónomos dependientes. Y eso le llama la atención a la Administración y por eso dirige ahí la inspección y después las actas y las sanciones”.
 
Por su parte, D. Javier Cerrolaza Aragón, director territorial y jefe de la Inspección de Trabajo de la Comunidad de Madrid, ha reconocido que es muy difícil establecer unos parámetros claros que clarifiquen cuándo estamos frente a una relación laboral o mercantil por la complejidad propia de las empresas. En su opinión, “la solución a esta situación pasa por crear una norma que encuadre a este colectivo en una relación laboral especial o con una nueva figura creada como trabajadores económicamente independientes”.
 
Fernando Valdés-Hevia Temprano (Sagardoy Abogados), ha revelado alguno de los “criterios” que utilizan estas inspecciones: “Nos encontramos con que los tribunales superiores de justicia dictaminan cada caso en concreto por detalles como, por ejemplo, si hay coordinación para las vacaciones entre los trabajadores o si usa la bata blanca en la clínica. Cuestiones puntuales o indicios que es lo que el tribunal al final valora”.
 
Luis Cortés (Colegio de la Abogacía de Madrid) ha reflejado así la problemática: “Con la última modificación de la legislación ya no es necesario hacer una declaración previa de la existencia de la relación laboral. Ahora es el inspector de trabajo con su propio criterio quien impone la liquidación de las cuotas y la sanción correspondientes. Para una empresa de diez personas, el acta de inspección puede alcanzar el medio millón de euros. Y lo peor es que pueden darle la razón en los tribunales”.
 

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