¿Financiar tratamientos para dejar de fumar? ¿Factura pública para decisión privada?

(AZprensa) ¿Debe el Estado costear con cargo a los impuestos colectivos los tratamientos farmacológicos y terapéuticos para dejar de fumar? Si analizamos la fisonomía del problema con rigor económico y realismo social, dejando a un lado la demagogia biempensante, la respuesta debe ser un rotundo e inapelable «NO».
 
Para sostener esta postura, alejada de las verdades absolutas, pero cimentada en la lógica de la responsabilidad, conviene desglosar una serie de realidades objetivas que a menudo se pretenden camuflar bajo el paraguas del asistencialismo estatal.
 
La voluntariedad del hábito: El reverso de la enfermedad sobrevenida
 
En primer lugar, es imperativo establecer una distinción ética y clínica fundamental. El acto de fumar es una decisión estrictamente voluntaria y continuada en el tiempo; no nos encontramos ante una patología imprevista o una afección sobrevenida por sorpresa o por un revés incontrolable de la biología.
 
Quien enciende un cigarrillo día tras día conoce perfectamente las advertencias explícitas impresas en las cajetillas y los riesgos epidemiológicos asociados. Si el tabaco termina enfermando el organismo, es la consecuencia directa de una conducta buscada y mantenida de forma individual. ¿Es justo que el contribuyente financie la rectificación de una imprudencia deliberada?
 
Un sistema deficitario ante la escasez de recursos
 
En segundo lugar, no podemos obviar la cruda realidad macroeconómica de nuestro modelo sanitario. La Sanidad pública española es estructuralmente deficitaria. Si faltan recursos financieros para cubrir las necesidades más básicas y perentorias de la población, resulta una contradicción flagrante pretender sufragar estos programas de deshabituación.
 
Pero el problema no es solo de dinero, sino de capital humano. Los médicos de atención primaria y especialistas apenas dan abasto con las apretadísimas agendas y el volumen de pacientes que deben atender diariamente en sus consultas. Destinar el escaso y valioso tiempo de estos profesionales a tutorizar procesos que dependen fundamentalmente de la fuerza de voluntad individual es un lujo que un sistema saturado no se puede permitir.
 
El doble gasto: El impacto del tabaquismo en las arcas comunes
 
El impacto del fumador en el erario público no se limita al coste de los parches o los fármacos de sustitución nicotínica. El verdadero problema reside en que el consumo de tabaco es el causante directo de diversas enfermedades crónicas y graves —como la Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC) o diversos tipos de carcinomas— que, de no haber fumado nunca, el paciente jamás habría contraído.
 
Por lo tanto, el fumador no solo perjudica su salud de manera consciente, sino que provoca un gasto masivo y evitable a la Sanidad pública para tratar las complejas dolencias derivadas de su adicción. Si esos recursos no tuviesen que desviarse hacia patologías provocadas por el tabaco, la Sanidad ahorraría miles de millones de euros anuales que podrían destinarse a tratar con mayor holgura, tecnología y dignidad a aquellos pacientes que han enfermado sin buscarlo deliberadamente.
 
La amortización personal: El mejor incremento familiar
 
Finalmente, existe un argumento puramente contable que desarma la necesidad de cualquier subsidio estatal. El coste de un tratamiento para dejar de fumar es perfectamente asumible por el bolsillo del interesado, ya que lo amortiza por completo en cuestión de unos pocos meses con el dinero que deja de gastar en comprar cajetillas.
 
A partir de ese momento, la economía familiar del exfumador experimenta un desahogo notable. De hecho, tal y como está la compleja situación económica actual en España, las personas que toman la firme decisión de abandonar el tabaco se convierten en unas de las pocas que ven cómo sus recursos económicos mensuales netos aumentan de forma inmediata y real. El tratamiento se paga solo; basta con reinvertir lo que antes se quemaba en humo.
 
Conclusión: Pensar por sí mismo
 
Legitimar que el Estado deba tutelar y financiar las rectificaciones de nuestros propios excesos individuales es una pendiente resbaladiza que despoja al ciudadano de su madurez. La verdad, como siempre defendemos en este “Diario AZprensa”, es solo un punto de vista, pero los datos nos invitan a reflexionar: en una sociedad madura, cada uno debe ser consecuente con sus actos. Dejar de fumar es una excelente noticia para la salud y para el bolsillo, pero el peaje de la decisión debe correr por cuenta de quien decidió encender la primera cerilla.
 

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