(AZprensa) Sostienen los
expertos juristas que una sociedad civilizada podría funcionar con absoluta
fluidez con un corpus de apenas trescientas o cuatrocientas leyes básicas. Sin
embargo, en nuestro país hemos decidido ignorar la sensatez: acumulamos miles
de normas en un entramado legislativo que, lejos de frenarse, no deja de crecer
día tras día.
Lo único que se consigue con esta auténtica promiscuidad
de leyes es estimular la imaginación del ciudadano. Se le empuja a buscar el
vacío legal, la trampa o el regate; una destreza que, para colmo, suele ser
aplaudida y envidiada por el resto de la sociedad, especialmente cuando la
osadía queda impune.
Para los gobernantes responsables de parir este tsunami
normativo, las leyes han dejado de ser herramientas de convivencia. Hoy son
simples pretextos, coartadas legales diseñadas con un único fin: exprimir el
bolsillo del ciudadano para recaudar un dinero extra. Un botín imprescindible
para seguir manteniendo y engordando un aparato político insaciable, con sus
correspondientes gastos de representación, dietas, sueldos blindados y lujosas
instalaciones. Y claro, como cada vez hay más cargos públicos que mantener, la
máquina de prohibir no puede detenerse.
Precisamente mañana voy a publicar en este mismo blog un
ejemplo flagrante de esta realidad. Os demostraré cómo tú, cómo yo y cómo todos
nosotros, en definitiva, nos hemos convertido en delincuentes involuntarios por
culpa de este desmedido afán recaudatorio.
No os lo perdáis, porque os vais a ver reflejados.
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