(AZprensa) Los
consumidores continúan extendiendo su papel protagonista y alzan su voz en un
área (la salud) en la que hasta hace poco tiempo sólo jugaban un papel
secundario, a pesar de ser ellos los principales protagonistas.
Cada
día es mayor la demanda de información sobre todo aquello que pueda repercutir
en una mejoría de la salud y de la calidad de vida de los pacientes y así,
estos exigen su derecho a estar informados sobre los avances científicos que se
producen en este terreno y en un mejor conocimiento de su enfermedad.
Mientras
hablemos de “información” (no confundirla con la “publicidad”) no debe
alarmarse nadie. Otra cosa diferente es, en efecto, la publicidad dirigida al
consumidor tal como lleva años realizándose en Estados Unidos, y que exige
debates más amplios. Tanto Estados Unidos como Nueva Zelanda, fueron los
pioneros en admitir la publicidad de medicamentos de prescripción en los medios
generales dirigidos al público (radio, televisión, prensa, etc.). En Estados
Unidos, por ejemplo, la comunicación directa al consumidor (DTC o direct to
consumer) se inició en 1985 y en 1989 comenzó a incluir el nombre comercial de
los productos es esos mensajes publicitarios. Un salto cualitativo importante
se dio en 1992 cuando se incorporó la televisión a esos medios admitidos para
la difusión de los mensajes, dando lugar no obstante a una regulación de esas
actividades por parte de la Federal Drug Administration (FDA) en 1997.
Pero
no debe confundirse nunca la publicidad con la información. Respecto a esta
última conviene recordar que un paciente bien informado sobre su medicamento y
sobre su enfermedad acudirá al médico cuando lo necesite, en vez de recurrir a
la automedicación (con sus consiguientes riesgos para la salud); sabrá exponer
mejor sus dolencias (con lo que al médico le resultará más fácil establecer el
diagnóstico apropiado); entenderá mejor las explicaciones del médico (con lo
que optimizará el siempre corto tiempo de duración de la visita); aceptará
mejor las recomendaciones del médico (incrementándose el nivel de confianza
médico-paciente); y finalmente seguirá fielmente el tratamiento (reduciéndose
así esa auténtica lacra sanitaria y económica que supone el incumplimiento
terapéutico).
La
información al paciente reporta indudables beneficios sanitarios, sociales y
económicos, por lo que desde todas las instancias debe favorecerse esta
demanda, como ya lo están haciendo los medios de comunicación, las
organizaciones médicas, las asociaciones de pacientes... Sin embargo apenas si
se escucha la voz de los auténticos protagonistas, de los que más saben de
medicamentos: los laboratorios farmacéuticos responsables de la investigación,
el descubrimiento, el desarrollo y la aplicación clínica de sus propios
medicamentos.
Con
demasiada frecuencia se confunden publicidad e información, sobre todo cuando
el emisor de la información es el laboratorio propietario del medicamento. A
los laboratorios les da miedo infringir la ley sin darse cuenta que la mayor
parte de las veces sus mensajes “informativos” están generados desde marketing
y por consiguiente tienen un claro cariz publicitario. Por ello, la labor de
los departamentos de comunicación de los laboratorios, a cuya cabeza deben
estar periodistas y comunicadores especializados, resulta esencial. Cuando la
voz de los laboratorios no llega directamente al consumidor, se está privando
al consumidor de una fuente de información; precisamente de aquella fuente de
información que más sabe del producto. Porque ¿quién va a saber más de un
medicamento que quien lo ha descubierto, desarrollado, fabricado y
comercializado?
Una
constante de los laboratorios farmacéuticos debería ser la transparencia
informativa y esta no es otra que comunicarse con la sociedad de forma directa
y bidireccional, es decir, en ambos sentidos: tanto desde el laboratorio a los
ciudadanos como de estos al creador de los medicamentos que están utilizando o
pueden utilizar. Además, no se debe olvidar que cualquier ciudadano tiene
derecho a saber qué actividades realiza, qué productos tiene, cómo los fabrica,
qué repercusión pueden tener dichos productos sobre la persona y sobre el medio
ambiente, qué contribución social realizan, qué beneficios obtienen, cómo
desarrollan su trabajo, etc. Los ciudadanos tienen derecho a conocer todos
estos extremos de cualquier empresa implantada en su país; y, al mismo tiempo,
no se debe privar a dichas empresas del derecho a contar por propia iniciativa
todas estas cosas a los ciudadanos, bien sea a través de intermediarios como
los medios de comunicación o directamente a través de medios digitales o
impresos puestos en marcha por dichas empresas.
La
única condición que debe exigirse (y para ello existen no sólo las medidas de
autocontrol sino también medidas externas de control) es que dicha información
sea sólo eso: información.
No
olvidemos que la publicidad es algo que incita al consumo (esa es su razón de
ser) y en el ámbito de la salud no se debe incitar al consumo sino sólo a la
utilización que sea necesaria y que es el médico quien mejor puede
determinarla. Por el contrario, la información incita a la responsabilidad a
través del conocimiento, y si esto es beneficioso en todos los ámbitos más aún
lo es en el ámbito de la salud.
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