(AZprensa) Muchos jubilados españoles hemos recibido una carta del banco en donde tenemos domiciliada la pensión para ordenarnos que vayamos a ese banco antes de fin de mes para decir que estamos vivos, ya que de no hacerlo se supondrá que estamos muertos y por consiguiente ya no nos pagarán la pensión.
Parece mentira que en una sociedad tan tecnológicamente avanzada como la nuestra, donde creíamos que nos tenían controlados hasta en el más mínimo detalle, resulta que no saben si estamos vivos o muertos y nos lo tienen que preguntar. O quizás es que hay tanta descoordinación entre los diferentes aparatos gubernamentales que no se comunican entre ellos ni siquiera en las cosas más elementales.
Los que todavía estamos de buen ver, mañana iremos al banco. “Buenos días. ¿Qué desea?” nos preguntará el empleado del banco. “Buenos días –le responderemos- sólo vengo a decirles que estoy vivo”.
La duda que se me plantea es qué pasará con todos aquellos que tengan movilidad reducida y no puedan acudir al banco para decirlo, o de aquellos otros que estén hospitalizados y no tengan quien pueda hacerles las gestiones. Pues para ellos, el Gobierno se lo pone no más fácil, sino más difícil todavía: Tendrán que llamar a una gestoría para que vayan a su domicilio o a su hospital, pedirles que les haga una “fe de vida” (obtener un certificado médico y personarse después con él en el registro civil) y una vez obtenida la "fe de vida" enviarla al banco antes de fin de mes. Como vemos, algo muy fácil, barato y asequible para cualquier anciano hospitalizado o que viva solo y apenas si pueda valerse por sí mismo.
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